- El Gobierno central logró aprobar ayer el nuevo modelo de residencias y de atención a la dependencia en el Consejo Territorial con una ajustada votación, en la que mantuvieron su oposición Euskadi y Catalunya, además de las comunidades gobernadas por el PP y la socialista Castilla-La Mancha.
Durante la reunión del Consejo Territorial de Derechos Sociales, presidida por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se aprobó con la diferencia de un voto el acuerdo de acreditación y calidad de los centros y de los servicios de atención a la dependencia, después de que se aplazara el pasado mes de mayo por falta de consenso ante el rechazo de ocho comunidades.
La propuesta de Derechos Sociales, negociada durante meses con entidades sociales, la mesa del diálogo social, profesionales y regiones, quedó ayer finalmente respaldada por diez votos a favor y nueve en contra de gobiernos autonómicos -con la competencia en este ámbito-, Ceuta y Melilla.
“Hemos logrado alcanzar un acuerdo con las comunidades para mejorar la calidad de las residencias y convertir en consenso político lo que ya es un amplísimo consenso social tras la pandemia”, destacó Belarra, que lo calificó como “el acuerdo más importantes de esta legislatura”.
La nueva estrategia, que fija un plazo de transición hasta 2030, plantea impulsar la teleasistencia y la atención a domicilio para los mayores para que puedan permanecer con apoyos, si así lo desean, el mayor tiempo posible en sus domicilios.
Para los que decidan vivir en residencias, propone modelos similares a hogares y eleva el ratio de profesionales por usuario. Así, las que ya existan deberán reorganizarse en “unidades de convivencia” de un máximo de 15 personas, con un espacio común que permita preparar comidas y disponer de comedor y sala de estar.
Los nuevos centros que se construyan deberán además respetar un máximo de plazas (120 en residencias en zonas urbanas de alta densidad y 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas) y contar con al menos un 65% de habitaciones individuales.
El nuevo modelo ha contado en este proceso de negociación con la oposición de las patronales de residencias, que consideran que va a reducir las plazas y elevar los costes para el usuario, y reprochan al Gobierno la ausencia de una memoria económica que justifique las nuevas estructuras de la atención a mayores y dependientes.
lll Investigación. El Parlamento Vasco ha pedido por unanimidad que Kontsumobide investigue si la empresa DomusVi ha derivado a determinadas funerarias las personas fallecidas en sus residencias y si ha cobrado comisiones por ello y pide que, de confirmarse, “se proceda a la imposición de una sanción correctora”. EH Bildu llevó al Parlamento el debate sobre esta cuestión y finalmente firmó una enmienda transaccional junto a PNV y PSE-EE que fue respaldada por unanimidad en comisión ayer. Competencia abrió en febrero un expediente a DomusVi, que gestiona unos 200 centros residenciales en el Estado, de los cuales una docena están en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba.
Los nuevos centros deberán tener un máximo de 120 plazas (75 en zonas rurales) y contar con al menos el 65% de habitaciones individuales
