Gipuzkoa ya cuenta con las bases para aprobar el Plan de Atención a la Desprotección Infantil en otoño

Para fijar ese punto de partida la Diputación ha desarrollado un proceso participativo en el que han tomando parte 126 menores y adolescentes, con edades comprendida entre 6 y 22 años y 86 familias (biológicas y de acogida), "una muestra significativa" para el desarrollo de un proceso de participación que se ha llevado a cabo "de forma legítima y protectora".

La muestra, apuntó la psicóloga y asesora de la Diputación en este proceso de recogida de opiniones, Pepa Horno, supone el 10% del total de menores atendidos en alguno de los programas forales, un número muy alto, incidió, para este tipo de consultas.

En la actualidad, la Diputación está atendiendo, a través de sus distintos recursos, a un total de 1.420 menores, de los que 761 están tutelados por esta institución.

Y es que, destacó la diputada foral de Políticas Sociales, Maite Peña, el trabajo de encuesta planteado en esta ocasión "refleja la manera de hacer de Gipuzkoa, un proceso abierto, participado y en el que realizamos un importante esfuerzo para evaluar nuestro modelo de intervención, con el objetivo último de diseñar el Plan de Infancia".

Participación importante

La participación en el proceso ha sido totalmente voluntaria, de ahí que se hayan creado "todos los grupos focales" necesarios para trabajar con los menores que se han ofrecido voluntarios y voluntarias.

A menores, adolescentes y familias se les presentaron 13 principios rectores de los que se realizó una limpia que derivó en la devolución de siete.

El primero deja bien sentado que "los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y protagonistas de su vida". Es algo, subrayó Horno, que los menores con los que se ha trabajado en Gipuzkoa tienen muy claro, un aspecto a subrayar y que evidencia el buen trabajo llevado a cabo en este sentido. La aplicación de este principio "es la concreción del modelo de atención centrada en la persona en el ámbito de la protección primaria".

Si hay un extremo sobre el que los menores han insistido es en la importancia de no tener que "repetir su historia" cada vez que acuden a algún servicio o son atendidos por el personal de Diputación. De ahí lo fundamental de proceder con "coordinación" y aplicando el precepto de "continuidad" en la intervención.

Pese a que en muchas ocasiones estos menores viven apartados de sus familias biológicas, tanto ellos y ellas como las familias han insistido en la necesidad de que se tome en cuenta su opinión en todo el proceso y en el desarrollo de las intervenciones.

Pero no solo la familia, los niños/as y adolescentes reclaman que se les escuche, que su opinión sea tomada en consideración en los procedimientos a desarrollar en procesos en los que son protagonistas.

Otro principio que consideran de obligado cumplimiento es la necesidad de que el acompañamiento, el seguimiento y el diseño del proceso a cada menor se haga de forma individualizada, atendiendo a sus necesidades y realidades específicas.

La afectividad es clave y así lo señalan los jóvenes que han participado en la encuesta. "Sin afectividad no hay protección", y de esta forma lo va a asumir el plan foral, que también aplicará un modelo de atención "que tenga presente la responsabilidad pública".

Maite Peña se ha mostrado muy satisfecha por los resultados de este trabajo de sondeo porque, pese a que hará que el plan no se pueda aprobar hasta otoño, la aplicación efectiva de las conclusiones extraídas derivará en la consecución de "mejores resultados en materia de protección".

Si fuera necesario para poder llevar a buen puerto el plan Diputación reforzaría sus equipos, así al menos lo aseguró Peña que participó también en un encuentro con más de 80 profesionales de la red de atención al menor en el que se expusieron los resultados de este trabajo "inicial pero que tendrá continuidad", ya que responde "a la dinámica de Etorkizuna Eraikiz" y al propósito de la Agenda Gipuzkoa 2020-2030 del departamento de Políticas Sociales que "persigue diseñar de manera compartida las políticas sociales de transición y posicionar al territorio en la vanguardia de los cuidados".

"Se trata de una revisión de nuestro rol, del de menores y familias, de mejorar técnicamente nuestro modelo de trabajo", destacó Peña, que abundó en la idea de que esto solo se puede lograr de forma efectiva consultado a los y las protagonistas del plan.

Peña y Horno coincidieron al calificar de "absolutamente pionero" el proceso participativo ejecutado para establecer las bases del nuevo plan.

Pese a las propuestas de cambios, de este proceso se podido concluir que tanto familias como menores consideran que "el sistema de protección" de la Diputación de Gipuzkoa "garantiza sus derechos", aspecto este de suma importancia para afianzar iniciativas futuras.