Los frentes abiertos en las economías domésticas están provocando un paulatino incremento del número de solicitantes de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en GipuzkoaRentade Garantía de Ingresos. Un total de 12.582 personas tienen activada en el territorio esta prestación mensual que atiende las necesidades básicas de familias que no disponen de recursos suficientes para responder al coste de la vida.
La estadística dibuja desde que comenzó el año una línea ascendente de solicitantes para quienes el contexto actual supone una preocupante merma en sus bolsillos. El encarecimiento de la cesta de la compra, a la que se une la escalada de las gasolinas y de la factura de la luz han provocado una espiral alcista de precios que amenaza con convertirse en un factor de exclusión, especialmente para las mujeres.
Según se desprende de los últimos datos del servicio vasco de empleo (Lanbide), el número de demandantes con su expediente de RGI activo asciende a 7.101 personas. El grueso principal -4.627- tiene una formación académica básica, aunque también han recurrido a la ayuda 302 mujeres con estudios universitarios y otras 826 con formación profesional.
HERRAMIENTA PALIATIVA DE POBREZA
La RGI se convierte para estas familias en una herramienta paliativa de la pobreza extrema, que actualmente amenaza al 5% de la población en Euskadi. Un segmento poblacional al que la inflación está dañando su maltrecho poder adquisitivo, de por sí muy mermado después de dos años de pandemia.
El resultado: carencias materiales severas, lo que se traduce en serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas, como comer, vestirse o pagar el alquiler. Casi seis de cada diez personas en esta situación recibieron el año pasado Ayudas de Emergencia Social (AES) para prevenir o paliar situaciones de exclusión.
Esta tasa de cobertura es muy superior a la media del Estado, aunque lejos de la que se ofrece La Rioja -que llega a todos los solicitantes-, o Catalunya, que alcanza al 91,1% de solicitantes.
Estas son algunas de las conclusiones de los últimos datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales y que han sido recogidos en un informe por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Los responsables lamentan que los procedimientos burocráticos y la "rigidez" de las intervenciones municipales limitan el acceso o retrasan el cobro y, por tanto, la eficacia de las ayudas. "Hay ayuntamientos que pueden tardar hasta dos meses y dar una ayuda de urgencia social. Además, las trabas a la hora de justificarlas ante la intervención son dificultosas y humillantes", denuncia el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.INCREMENTO DE AYUDAS DE EMERGENCIA
En Euskadi la prestación media que recibieron las personas con carencias materiales severas fue de 416 euros, la segunda mayor cuantía de todas las comunidades autónomas, solo por detrás de La Rioja (421 euros), y por encima de la media del Estado, que se cifra en 101 euros.
El Gobierno Vasco ha incrementado las cuantías máximas de las AES a percibir por cada familia, pasando de 900 a 1.500 euros anuales. Durante los dos últimos años estas ayudas han sido una herramienta "eficaz y rápida" para paliar los efectos colaterales de la pandemia en el ámbito social. Sin cerrarse las heridas de esa crisis, toma ahora el testigo un nuevo desafío en los hogares: la escalada de precios del gas y la electricidad tras un invierno muy duro al que se ha sumado la crisis abierta tras la invasión de las tropas rusas en Ucrania.
El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha destinado para este año un total de 41,5 millones de euros a las AES, a las que se acogieron en 2021 un total de 63.276 personas. Se trata de ayudas económicas que se conceden a través de los servicios sociales de base para cubrir gastos concretos. El contexto actual pone en riesgo la viabilidad económica de las familias más humildes, por lo que el Gobierno Vasco ha reforzado su acuerdo de colaboración con Cruz Roja para paliar la pobreza energética.
El Ejecutivo vasco firmó en 2005 un convenio con esta entidad para facilitar el pago de las facturas de luz, agua y gas a familias que atraviesan graves dificultades económicas y que son beneficiarias de las AES o de la RGI. Un total de 3.815 guipuzcoanos figuran entre las 16.180 solicitudes registradas el año pasado por el Departamento de Políticas Sociales para atender problemas relacionados con el gasto energético.
