- La imagen se extiende por todo Gipuzkoa. Edificios de viviendas cubiertos de andamios, en plena rehabilitación. "Según los últimos datos del Gobierno Vasco, ahora mismo se están rehabilitando del orden del 1,5% del parque de viviendas de Euskadi y se quiere llegar al 3%. Y eso en volumen de realización es muchísimo. El parque de viviendas del País Vasco es viejísimo", asegura el presidente de la patronal de la construcción, Txema Muñoz. Sin embargo, gran parte de esas obras las realizan empresas de reciente creación y sin ninguna experiencia con las que muchas comunidades de vecinos "se la juegan".

La reciente quiebra y desaparición de una empresa dedicada a la rehabilitación de fachadas en Gipuzkoa ha puesto en evidencia este problema, dejando a decenas de comunidades "colgadas", sin el dinero adelantado y en la necesidad de tener que volver a contratar la rehabilitación de su edificio con otras empresas.

Muñoz cita en concreto "dos casos que conozco y en los que los vecinos han perdido 45.000 euros en un caso y 90.000 en otro. En muchas ocasiones, luego esas comunidades de vecinos nos vienen a nosotros para que les asesoremos o reparemos las cosas que les hacen mal otros".

¿Sabemos a quién contratamos para rehabilitar nuestras fachadas? ¿Qué garantías les pedimos? ¿Somos conscientes de que la comunidad de vecinos es el promotor de la obra y de la responsabilidad que ello conlleva? ¿Tiene todo en regla la empresa que nos está haciendo el trabajo? Txema Muñoz, presidente de Ascongi, asegura que no somos conscientes de la responsabilidad y advierte de la importancia de exigir garantías al contratista.

Un dato: tres de los doce fallecidos este año en accidente laboral en Euskal Herria eran trabajadores de rehabilitación de edificios. "Hemos visto de todo, gente sin contrato o trabajando con sandalias en un tejado o un andamio", asegura Igor San José, el responsable de la construcción del sindicato ELA. "Hay una empresa que ha dejado a muchos vecinos tirados. Y en poco tiempo. No había en Donostia calle que no les veías a ellos; han estado en Errenteria, en Hernani, en muchos sitios. Cogió mucha obra de repente. Y empezó con unos trabajadores a los que no les pagaba, metimos la denuncia y ha desaparecido. Ahora siguen trabajando con otro nombre".

No son los únicos. Muñoz asegura que otra empresa "está operando ya con el tercer nombre. Es vergonzoso. Hay que mentalizar a los propietarios, a las comunidades, a la sociedad en general, que tienen que tener unos criterios a la hora de elegir una empresa. Lo que no se dan cuenta es que están jugándose el dinero y muchas más cosas con ello".

Arantza vivió en primera persona un caso similar y explica su caso a NOTICIAS DE GIPUZKOA. En su comunidad ahora están pendientes de juicio para intentar recuperar parte del dinero que adelantaron a la primera empresa. No precisa la cifra que perdieron, pero sí marca una horquilla: "Superior a los 3.000" y "sin llegar a los 5.000 por vecino".

"La situación fue que contratamos un arquitecto que al final, voy a decirlo así, fue quien nos guió hacia una determinada empresa que además tenía para nosotros la estupenda y genial situación de que era la más barata", aunque no "había mucha diferencia", admite.

Pero cuando empezaron las obras, "sí nos dábamos cuenta de que había muy poca gente trabajando y que iban cambiando. Había un desorden importante. Y fue cuando empezamos a oír que la empresa estaba yendo mal", explica esta vecina de Donostia.

No les esperaba nada bueno a la veintena de propietarios de su vecindad. "Estuvieron trabajando como unos dos meses o así, pero con unas irregularidades terroríficas", y poco después, "empezamos a recibir cartas del juzgado: no solo nosotros, sino alguna comunidad más, y se nos exigía que los pagos se ingresasen en una cuenta en el juzgado, pero como ya habíamos adelantado un dinero...".

Arantza explica que "se le conminó (al dueño de la empresa rehabilitadora) a que asistiese a varias reuniones", pero "no presentó ni papeles en temas de salud laboral, ni los trabajadores dados de alta; en ningún momento nos facilitó documentación. Al final, lo que hicimos, con la ayuda de una abogada, fue paralizar la obra". Arantza asegura que "pasamos el confinamiento con un andamio puesto. Habíamos empezado a finales de 2019 y ellos dejarían la obra en febrero de 2020. Nos engañaron, pero vilmente además. Es una opinión personal mía", asegura.

"Ahora tenemos un juicio pendiente; no con él, porque él hizo una suspensión de pagos y no tenía nada a su nombre. Creemos que parte de la responsabilidad es del arquitecto", dice.

Tras el fiasco, había que volver a empezar. "Se hicieron pruebas varias y se vio que el material no estaba en condiciones, ni bien puesto, ni nada. Tomamos la decisión de quitarlo todo y empezar de cero, porque queríamos una obra que nos durara toda la vida. Y una empresa que tuviese todos los seguros en regla. La primera vez te engañan y la segunda intentas dejar todo bien atado. Era una obra que tenía que haber sido de siete u ocho meses y al final ha sido más de año y medio", señala esta mujer.

Txema Muñoz conoce bien esta realidad. El presidente de la patronal de la construcción lamenta que "en el mercado de la rehabilitación hoy en día un tío con un lápiz, una furgoneta y un teléfono se lanza a hacer una obra. Ese es el problema grave de este sector y si a eso le sumas que ahora hay un boom enorme, están saliendo empresas como churros. Nombres que voy a ser incapaz de aprendérmelos antes de que quiebren. Y esas empresas acaparan una parte importante del mercado".

"Muchas de ellas no tienen nada de experiencia y las posibilidades de que lo hagan mal son del 100%", asegura Muñoz. "Algunas han nacido de la albañilería pura y dura de casas. Yo conozco una en concreto que me llamó la atención, porque estuvo haciendo una cocina en casa de un conocido mío. Presentan una oferta, alquilan un andamio y se ponen a hacer una fachada. Se les ha quitado el miedo. No tienen técnicos, ni encargados, no sé si invertirán en seguros. Planes de seguridad y cosas de esas no sé si les sonará lo que es. Técnicos de medio ambiente, de calidad, ni hablar; ni posventa", insiste Muñoz.

"La gente tiene que darse cuenta de que rehabilitar su fachada es el gasto más importante después de comprarse el piso". De media, unos 20.000 euros por propietario: "Tienen que ir a alguien que le dé unas garantías".

Guía para propietarios: ADI

La propia patronal guipuzcoana de empresas de la construcción ha elaborado una guía: ADI, que está acordada con los colegios profesionales de aparejadores y arquitectos y varias instituciones.

En dicha guía, recuerda Muñoz, "recomendamos y damos cuatro puntos en los que tiene que basarse una comunidad a la hora de contratar una obra".

Responsabilidad civil: "Al menos, de un millón o mejor 1,5" Lo mínimo indispensable que se tiene que exigir a una empresa es que "tenga seguro y que esté dada de alta en el REA (Registro de Empresas Acreditadas)", una condición inexcusable para operar en el sector de la construcción. Sin embargo, Muñoz afirma que "nos hemos encontrado empresas sin dar de alta". En cuanto a los seguros de responsabilidad civil, Muñoz asegura que deberían ser de 1,5 millones: o al menos de un millón. A partir de ahí, "hay que valorar que la empresa tenga personal, una serie de técnicos, encargados, departamentos de calidad, de seguridad, de prevención...".

Avales bancarios. "Si una empresa no te puede avalar las cantidades que te pide por adelantado, desconfía de esa empresa, porque el aval depende de tú quién eres y el banco te va a analizar a ti. Una empresa solvente tiene una línea de avales. Son cantidades importantes que tienes que asegurar. Si tienes un aval y el contratista desaparece, tú ejecutas el aval y del resto se encarga el banco", dice Muñoz.

Ayudas y control. La Administración, dice el presidente de Ascongi, "al poder dar subvenciones, que las hay casi siempre, debería exigir una serie de criterios mínimos a la comunidad en el sentido del tipo de empresa que tiene que contratar". Pero la administración "no puede ser el padre de todos", reconoce, y cree que "deberíamos preocuparnos nosotros, como propietarios de los pisos. Nuestra responsabilidad es grande, porque ejercemos de promotor".

20.000

Una rehabilitación media, según fuentes de Ascongi, puede costar unos 500.000 euros a una comunidad de vecinos y puede alargarse unos cinco o seis meses: una media de 100.000 euros por mes. Se puede cifrar en "una media de unos 20.000 euros por propietario, y en algunos casos hemos llegado a ver de 45.000 euros", asegura Txema Muñoz, el presidente de Ascongi.

"Conozco dos casos en los que los vecinos han perdido 45.000 y 90.000 euros que adelantaron"

Presidente de Ascongi

"Hay una empresa que ha dejado a muchos vecinos tirados y sigue trabajando con otro nombre"

Responsable de la Construcción de ELA

"Veíamos que había muy poca gente trabajando y las irregularidades eran terroríficas"

Presidenta de comunidad afectada