No ha sido una semana fácil para Iñaki Setién, desahuciado de su vivienda de alquiler el miércoles pasado en medio de un amplio dispositivo policial. Aunque emocionalmente las aguas siguen todavía un poco revueltas, se siente reconfortado por las muestras de solidaridad y cariño que viene recibiendo estos días a pie de calle. Un respaldo social e "institucional" que, a su entender, contribuye "al desprestigio" de los fondos buitre.
"Me voy a dejar el pellejo en la defensa de las personas que están en la misma situación que he vivido yo, bajo la amenaza de desahucio. Que no se piensen que por cortarme la cabeza se ha acabado la jugada. Ahora no tengo nada que perder, voy a seguir adelante", revela este hombre de 65 años, con un 33% de discapacidad.
El miércoles pasado, cuando se produjo la ejecución del lanzamiento, no tuvo tiempo siquiera de recoger sus pertenencias. Todo se precipitó en la segunda planta del número 43 de la avenida de Ategorrieta de Donostia, donde vivía desde hace dos décadas junto a su mujer.
"Evidentemente que hay un poso de tristeza por lo que hemos dejado atrás. Ha sido un golpe muy duro, pero hay que darle la vuelta y seguir adelante, denunciando este tipo de prácticas. Te colocan en una disyuntiva en la que tienes que elegir entre comer o pagar. No se puede aceptar que un fondo buitre quiera imponer unas condiciones inadmisibles que te obligan a destinar los dos sueldos de la casa, y encima en una vivienda que además había sido arreglada con tanto sudor y sacrificio durante tantos años", denuncia Setién.LA CARA VISIBLE DE UN PROBLEMA DE FONDO
Este jueves ha hecho un paréntesis en su trabajo para atender a este periódico. El encuentro ha tenido lugar en el kiosko del Boulevard, escenario de tantas protestas, "siempre pacíficas", en las que ha participado como presidente de la Asociación de Vecinos Inquilinos de Azora, junto a Stop Desahucios de Gipuzkoa y Alokairu-Benta Berri.
Todos han visto en Setién un desenlace que no responde a ninguna casualidad. Aunque su contrato fue el primero en vencer -el pasado 31 de agosto de 2021- entre los inmuebles del fondo buitre Grupo Azora, Setién ha sido una de las caras visibles de un movimiento que ha denunciado a los cuatro vientos que la vivienda es un derecho, ante el cual no cabe las "prácticas abusivas y especulativas".
El precio a pagar, según denuncia, es la situación en la que se encuentra. Reside en una vivienda de emergencia temporal, un alojamiento dotacional adaptado (ADA) de la calle de Marrutxipi en Donostia. Cuenta con un plazo de dos meses para buscar un piso de alquiler.
"Soy consciente de que en todo lo ocurrido hay un punto de caza de brujas. Han querido venir a por mí por ser la cabeza visible, pero que nadie se lleve a engaño. Este fondo buitre nos ha mareado y engañado a todos: víctimas, asociaciones, y a la propia corporación municipal", denuncia Setién, que continúa siendo, "ahora con más fuerza si cabe", presidente de la Asociación de Vecinos Inquilinos de Azora, en defensa de los intereses de 320 hogares que están en manos del fondo buitre.
LA MUDANZA: NI LAS PUERTAS NI LAS VENTANAS
La mudanza estos días atrás no ha sido fácil. "Trabajé de fontanero, y todo lo que hay en la casa en la que vivíamos lo instalé yo. El otro día me quise llevar los radiadores y me amenazaron con frenar la mudanza. No me he podido llevar ninguna de las puertas que compramos e instalamos nosotros, ni tampoco las ventanas de aluminio colocadas durante todos estos años, porque las originales son de madera, con unas holguras terribles", asegura.
"El vínculo con la casa en la que vivíamos, que antes fue de Inmobiliaria Vascongada, se remonta nada menos que a 1923. Desde entonces ha estado residiendo ahí la familia de mi mujer, hasta que después continuamos nosotros. La inmobiliaria nos decía que arregláramos lo que quisiéramos, y después de veinte años vas haciendo un montón de arreglos", describe Setién.
Él abonaba religiosamente los 750 euros que le correspondían, "además del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), algo que en realidad corresponde al propietario", señala. Estaba al día en el pago de la cuota. El desahucio no se produjo por impago de la renta, sino por finalización del último contrato que firmó su mujer.
"Están pagando la cuota, pero el contrato finaliza porque quieren aplicar una subida media del 33%", denuncia Rosa García, portavoz de Stop Desahucios de Donostia. "Ahí está el negocio", abunda. La de Iñaki era de las rentas más bajas, pero hay vecinas que abonan entre 850 y 900 euros por viviendas centenarias "sin reformar, en las que han tenido que instalar la calefacción y comprar los muebles", denuncia Stop Desahucios. Juzga todo ello de "usura".
"SON INMISERICORDES"
Un sándwich de máquina en el Ayuntamiento de Donostia. Es lo único que comió Setién el miércoles pasado a mediodía durante un día en el que tuvo que marcharse con lo puesto, sin dar crédito a lo que sucedía. Hasta el día anterior había habido contactos para evitar el lanzamiento, con una negociación llevada a cabo por la alcaldía de Donostia, por medio de Iñaki Gurrutxaga, jefe del gabinete del primer edil, Eneko Goia.
"Cuando vi las furgonetas ya imaginaba el desenlace. La actitud policial me pareció brutal, desmesurada, una locura. El cordón policial parecía el de un atentado terrorista". No, no llegó a tiempo como esperaba Setién el escrito para frenar el desahucio al Juzgado de Primera Instancia número 7 de Donostia.
"Nos hemos encontrado con un enemigo mucho peor que las propias entidades financieras", denuncia la portavoz de Stop Desahucios de Donostia, quien alerta de las prácticas de estos fondos buitre, como el estadounidense Blackstone, que se ha consolidado como el mayor casero del Estado, con cerca de 30.000 viviendas de alquiler, entre ellas las de Benta Berri, a través de sus cinco sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis).
"Son inmisericordes, no tienen en cuenta para nada la situación de vulnerabilidad de las familias. Solo responden a la cuenta de resultados". García alerta de que durante los últimos años las entidades financieras han vendido sus carteras inmobiliarias a estos fondos buitre, a los que también han transferido sus carteras de préstamos. Alertan de que "se muestran mucho más intransigentes" que las propias entidades financieras ante cualquier eventualidad o situación de vulnerabilidad de los inquilinos.
