El proyecto de construcción en Bergara de una planta de tratamiento y recuperación de residuos de la industria papelera ha abierto un nuevo frente en la polémica de los residuos; en este caso, industriales.

El Ayuntamiento, en manos de EH Bildu, ha hecho pública una nota en la que culpa al proyecto que impulsa la empresa Valogreene, por encargo del Cluster del Papel de Euskadi, de provocar la huida a terrenos de Arrasate de una cooperativa que emplea a 200 trabajadores. Al paso de esta denuncia ha salido el PNV de Bergara, para quien el responsable es el alcalde, al que acusa de generar "alarma social" de manera injustificada.

Tal y como este periódico ya avanzó en un reportaje el pasado 31 de octubre, el enfrentamiento y la polémica se cierne sobre la gestión de los residuos industriales, un problema de imperiosa solución tras el desastre del vertedero de Zaldibar y el cierre del de Mutiloa, que ha dejado a las empresas sin lugares donde depositar su basura. La solución pasa por crear nuevas infraestructuras para el tratamiento y recuperación de los residuos industriales.

Según los planes que se van conociendo, en Gipuzkoa se prevén dos plantas. En el polígono Larramendi de Bergara, propiedad de la SPRI, iría el citado centro de recuperación de los residuos de la industria del papel, hasta 155.000 toneladas de papelote y lodo. El otro proyecto, destinado a acoger los restos del sector del plástico, se levantará en Zumarraga, en el solar liberado por la antigua Arcelor.

"Condena" del polígono Larramendi

En este escenario, el proyecto se ha convertido en motivo de discordia en la corporación municipal bergaresa y tiene todas las trazas de que la polémica se verá alimentada en el contexto de la reciente aprobación de la Ley de Administración Ambiental, que otorga al Gobierno vasco mayor capacidad para el desarrollo de proyectos calificados de alto interés público.

De hecho, en su nota, el consistorio se refiere a esta cuestión y recuerda que el pleno, donde EH Bildu tiene mayoría absoluta, aprobó una moción contra esta norma, "que deja sin efecto el Plan General de Bergara, que fue aprobado por unanimidad".

En su comunicado, explica que el pasado jueves una cooperativa en la que trabajan 200 personas decidió en asamblea abandonar Bergara y trasladarse a Arrasate, dando un giro a sus planes de ampliar las instalaciones en un nuevo pabellón en el polígono Larramendi. "Incluso antes de implantarse la planta de tratamiento en Bergara, ya ha producido consecuencias negativas", denuncia el Ayuntamiento en su nota.

Según Goiena, se trata de la empresa Dikar, cuyos socios no han querido arriesgarse a invertir en la nueva sede de Larramendi "por la incertuidumbre que les genera la planta de tratamiento".

Añade que como ya intuía lo que podía ocurrir lo comunicó al "Gobierno vasco, a los partidos y a las empresas". El Ayuntamiento acusa al Gobierno Vasco y a la Spri de "condenar" al polígono Larramendi "en un momento en el que el fortalecimiento del tejido económico es imprescindible".

"Con el beneplácito del alcalde"

Pera la versión del PNV es otra. A su juicio, la culpa de la "incertidumbre" que ha provocado la huida de esta cooperativa es responsabilidad del alcalde Gorka Artola, que ha cambiado de idea en mitad de la carrera, presionado por los que apuestan por el "cuanto peor, mejor".

El PNV explica que fue el gobierno municipal en manos de EH Bildu el que otorgó la licencia a Valogreene y recuerda que el alcalde llegó a viajar a Elche, sede de la compañía promotora, para "conocer el proyecto piloto de la empresa que iba a implantar con su beneplácito en Larramendi. Entonces se mostró encantado", puntualizan los jeltzales.

La suspensión de la licencia mediante un decreto "pone en riesgo de ruina al Ayuntamiento", advierte el PNV, si es que prospera el recurso que Valogreene ha presentado en los tribunales. Con todo PNV recuerda que el proyecto de la planta de residuos papeleros está a la espera del informe de impacto ambiental del Gobierno vasco,. qué es competente de hacerlo y todavía no lo ha emitido".