Entidades y colectivos especializados en derechos de las personas migrantes celebran estos días la reforma del Reglamento de Extranjería aprobada este martes por el Consejo de Ministros que flexibiliza y facilita los permisos de residencia y trabajo a los menores inmigrantes no acompañados y tutelados por la administración. Se trata de un hito que podría abrir la puerta a la regularización en Euskadi a más de 900 jóvenes migrantes que viven en la CAV sin referentes familiaresmás de 900 jóvenes migrantes .
El tránsito a la vida adulta para este colectivo se ha convertido en un quebradero de cabeza, una barrera casi insalvable. Las entidades sociales y las diputaciones que tanto esfuerzo han realizado con menores bajo tutela foral llevaban años alertando de las abusivas condiciones de un Reglamento que abocaba a la irregularidad administrativa y exclusión social a jóvenes a los que la Ley de Extranjería, por otro lado, reconocía ser regulares a todos los efectos.
La normativa hasta ahora provocaba que muchos menores migrantes cayeran en irregularidad sobrevenida al cumplir los 18 años, una situación causada por "la rigidez" de la norma que ahora el Gobierno modifica. El objetivo final de la reforma impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es promover la inclusión de estas personas evitando que lleguen a la mayoría de edad menores extranjeros no acompañados indocumentados, además de permitir que puedan acceder al mercado laboral a partir de los 16 años.
EN EL LIMBO
La Diputación de Gipuzkoa ha hecho un enorme esfuerzo para atender al colectivo de menores extranjeros no acompañados. El problema es que una vez alcanzada la mayoría de edad, quedaban al albur de una situación de irregularidad que parecía echar por tierra tanta dedicación. "Estamos ante una noticia buenísima que hace justicia al trabajo que viene haciendo la Administración porque casi se puede decir que hasta ahora era como si ese dinero invertido quedara en nada", sostiene Mikel Castander, de la Cooperativa de Iniciativa Social Zabalduz, que gestiona diversos recursos de la Red de Protección e Inclusión de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Esta entidad participó la semana pasada en la presentación del programa Batzen, el nuevo sistema de búsqueda de empleo que quiere involucrar en Gipuzkoa al tejido empresarial para encontrar oportunidades a jóvenes de entre 16 y 23 años en situación de vulnerabilidad. Una jornada en la que la directora General de Protección a la Infancia y de Inclusión Social de la Diputación Foral, Belén Larrion, puso de manifiesto las grandes dificultades que encuentra el colectivo migrante para continuar con su itinerario.
Con el anuncio de la nueva reforma, la situación cambiará a partir de ahora, aunque desde la Diputación se muestran expectantes a la espera de concretarse la reforma del reglamento. "Es una buena noticia, qué duda cabe, pero habrá que profundizar y analizar el texto y ver qué indicaciones da Madrid a las subdelegaciones a la hora de establecer los procedimientos", indica Larrion.
En torno al 61% de las personas en condiciones de exclusión valoradas en Gipuzkoa se encuentran además en situación administrativa irregular, según explican desde la Diputación. Con la modificación normativa será posible rescatar a jóvenes que han quedado "en el limbo más absoluto y que desde hace años padecen las consecuencias de una mala gestión de las distintas administraciones", según indica Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces.
REFORMA "DE CALADO"
A su entender, "el cambio a partir de ahora es absoluto, y el impacto será enorme. Estamos hablando de jóvenes que hasta ahora no podían trabajar debido a unos requisitos imposibles de cumplir", detalla Reyzábal, que representa a una de las treinta organizaciones sociales que ha firmado un documento en el que se subraya "el paso histórico" que trae consigo el cambio legal.
"Estamos ante una reforma de calado que trae consigo un ajuste a la realidad", observa Mikel Mazkiaran, abogado especializado en extranjería de SOS Racismo. El letrado pone el acento en que las autorizaciones de residencia de menores a partir de 16 años llevarán aparejadas siempre el permiso para trabajar al igual que tienen reconocido los jóvenes españoles a partir de esa edad. De esa manera, "se pone fin al sinsentido de tener en el Estado a miles de jóvenes indocumentados" o con un permiso para vivir pero que no les permite trabajar.
Las entidades están convencidas de que con esta reforma se va a impulsar la inserción sociolaboral de jóvenes de entre 18 y 23 años siempre y cuando puedan acreditar haber estado bajo la protección del Sistema Público de Protección de Menores en algún momento durante los últimos cinco años, reconociéndoles la retroactividad de los efectos de este nuevo reglamento al momento en que accedieron al Sistema de Protección siendo niños y niñas.
