El pasado 13 de julio, Luis habría cumplido 48 años, pero se fue hace ya tres, al caer de varios metros de altura, desde un tejado, cuando colocaba paneles solares en una vivienda en obras de la localidad alemana de Merkendorf. Estaba trabajando lejos de su domicilio de ErrenteriaErrenteria, y más lejos aún de su Portugal natal. La suya, dice el abogado que ha llevado su caso, es una de las historias más duras que ha visto. Murió el 3 de septiembre de 2018. El sueño guipuzcoano hecho añicos.

Sus padres y su hermana, la familia más cercana que le quedaba, lloran su muerte y la desgracia. Impotentes, al ver cómo la empresa para la que trabajaba Luis y sus responsables “se irán de rositas”, tras declararse insolventes y eludir cualquier tipo de responsabilidad. De nada sirve que la Justicia les haya condenado en firme a pagar una indemnización de más de 100.000 euros.

Para más inri, la ausencia de un seguro básico de responsabilidad civil por parte de la empresa convierte a este caso en más crudo. Sencillamente, porque no hay dónde agarrar. “Es la primera vez que me pasa en toda mi carrera”, reconoce David Pena, el abogado del sindicato ELA que ha llevado el caso. La familia del fallecido, sus padres en este caso, no verán ni uno solo de los 102.813 euros fijados como indemnización por la Justicia. En pleno Gipuzkoa, bien adentrado el siglo XXI y la tecnología elevada al cubo.

Luis “tuvo una vida de perros”, se sincera el abogado. “Vivió solo y murió solo. Es una desgracia como pocas he visto en el tiempo que llevo trabajando”, asegura David Pena. Él era el último eslabón de la cadena: una subcontrata belga, subcontratando a otra empresa de Donostia, con trabajadores extranjeros, entre ellos Luis, para instalar paneles solares en Alemania.

Todo sucedió muy deprisa. De la noche a la mañana. “Salieron a toda leche”. Desde Errenteria, donde vivía Luis de alquiler con otros compañeros, a Alemania. “Firmaron los contratos de trabajo en la furgoneta. Conducía el propio Luis. Llegaron a su destino el domingo de madrugada, se fueron a trabajar el lunes, se subieron a la obra y en diez minutos la palmó. Es de lo más gordo que he visto. Por las circunstancias personales y por cómo se da todo”, lamenta el letrado.

Todo suena a chusco. “Iban varios extranjeros en la furgoneta. Él era el único que, digamos, estaba capacitado para conducir. Llevaban una tarjeta de crédito para subsistir y en esa tarjeta era el empresario el que iba ingresando dinero”. Migajas, reconoce. “Llevaban una tarjeta a nombre de la empresa y la tarjeta estaba condicionada por lo que iba metiendo allí el empresario”.

“Y a eso súmale que son extranjeros, que además no tienen ninguna red familiar allá donde van a trabajar, Alemania, ni conocen el idioma. Están absolutamente atados, a la merced del empresario de turno. Llegan allí y no hay absolutamente ninguna medida de seguridad. Lo dice la sentencia”, explica David Pena.

La muerte de Luis se apuntó en el cielo. Sin ruido, hasta que el sindicato ELA tomó las riendas del asunto. Era un trabajador de una empresa de Donostia, Eraiki Prest. Un nombre bonito, con label en apariencia, pero todo apuntaba a que era exactamente una empresa creada al uso para este tipo de casos, para salir pitando si pasa algo, explica el abogado.

En el lugar de trabajo tenían que apañárselas como podían. “No había protección, ni individual ni colectiva. No tenían ni arneses, no había ni una evaluación de riesgos, no estaba el personal de la contrata principal, no había un recurso preventivo... Llegaron y se les dijo: subid arriba; y lo hicieron”, narra el abogado.

El testimonio del abogado de ELA es demoledor. Durante el juicio, primero en el juzgado de Instrucción número de 3 de Donostia (más tarde iría al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco), “la jueza vio tal despropósito de irregularidades que le preguntó a un testigo presencial, compañero magrebí de la víctima: ¿pero ustedes cómo suben así en esas circunstancias?”, recuerda el abogado. “Y la respuesta que dio me dejó absolutamente impactado: Nosotros subimos porque teníamos que trabajar, porque necesitábamos el dinero.Nosotros subimos porque teníamos que trabajar, Es una de las manifestaciones más crueles y más duras de la relación capital-trabajo”.

objetivo: subsistir

David Pena ha visto los movimientos de las cuentas y sabe cómo vivían Luis y sus compañeros. “Necesitaban dinero para subsistir, no para el futuro. Sino para vivir al día, y suben al tejado, aunque no haya arnés, aunque no haya línea de vida, aunque no haya un andamio; y lo hacen porque tienen que pensar en lo que van a cenar hoy, en lo que van a comer mañana, en dónde van a dormir, en que tienen que pagar el alquiler. Es un cóctel explosivo: estamos ante trabajadores extranjeros que no tienen apenas red familiar aquí y mucho menos en Alemania, que necesitan el dinero. Aún hoy estamos hablando de empresas que están en el submundo de la subcontratación. Porque esta empresa, no olvidemos, era segunda subcontrata”, indica Pena.

“Naturalmente, una empresa de Gipuzkoa”: Eraiki Prest. “No hay que irse a la India, ni a Marruecos. Era una empresa de casa. Y ese es un cóctel explosivo. ¿Qué clase de empresas se están creando, sin ninguna responsabilidad? Que la empresa se haya descapitalizado con esta rapidez, es la primera vez que me sucede. Es un caso singular, por todo lo que rodea al propio caso”, lamenta el letrado del sindicato.

¿Pero, cómo puede ser eludible la responsabilidad propia? “Es eludibe y además en este caso es bastante sangrante, porque nosotros, que sospechábamos que la empresa tenía la voluntad de descapitalizarse, antes de la celebración del pleito solicitamos formalmente al juzgado medidas cautelares. En concreto, el embargo de cualquier cuenta y bien que tuviese la empresa. Y nos fue denegado. Se desestimó porque la jueza estimó que era una medida drástica que no era justificada”, señala. Traducido al procès catalán: no había riesgo de fuga.

“Nosotros pensábamos que esto podía suceder, porque conocemos como funcionan este tipo de empresas. Y efectivamente, para nuestra desgracia, sucedió y en el ínterin, la empresa se descapitaliza”.

ingeniería para no pagar

“Aquí realmente hacen ingeniería. Tú realmente no te das cuenta. Sospechas primero y cuando lees el informe de Osalan, ya te das cuenta. Es decir, que una empresa mande a los trabajadores a una obra sin medidas de seguridad tan elementales como una evaluación de riesgo, te da qué pensar, y dices: esta empresa no tiene nada qué perder. No tenían absolutamente ninguna medida”, señala Pena.

“Nosotros solicitamos el embargo porque había un indicio, que era que no había póliza de seguros de responsabilidad civil por accidentes. Ni siquiera había cogido las notificaciones oficialmente, no tenía seguro de responsabilidad civil y ni siquiera se preocupó de venir al acto de conciliación. Así que veo venir que esto va a suceder y me digo: ya está, si gano el juicio, estos no van a tener pasta”.

Y así fue. Eraiki Prest S.L. se declara oficialmente insolvente el 23 de abril de 2021 y se quedan en el aire 89.403 euros de indemnización principal, más otros 13.410 euros de intereses que no va a cobrar nadie. 102.813 en total. Ni un euro. La familia no va a cobrar absolutamente nada. No hay ningún tipo de responsabilidad subsidiaria, según explica el abogado.

Además, “al producirse el accidente en Alemania, no tenemos competencia más que para juzgar a la empresa residenciada aquí, pero claro, como no había evaluación de riesgo laborales, plan de prevención, ni servicio de prevención ajeno, no había ningún asidero, nadie a quien poder demandar”, dice el letrado.

“Tienes la victoria moral de que hay una sentencia que recoge los hechos...” Pero nada más. La familia, dice, “realmente ha cogido la noticia con mucha entereza. Es la tipología de empresa creada ad hoc para esto: una subcontrata de subcontrata, y si la cosa se pone fea, desaparezco de un plumazo y me declaro insolvente. Ten en cuenta que fueron a lo Mercantil (a declararse insolventes) cuando ya sabían que iba a haber una condena”.

“Lo que está claro -prosigue el abogado de ELA- es que la mortalidad está vinculada a la precariedad y hay, en Gipuzkoa también, empresas que son auténticos monumentos de ingeniería fiscal para descapitalizarse. Y te puedes encontrar, como en este caso, que una familia damnificada no cobre nada”.

Porque además, insiste, “estamos hablando de sociedades limitadas (SL), de responsabilidad limitada, que responden con el patrimonio de la sociedad”. Y resulta imposible ampliar la cadena de responsables. Y eso es posible porque “los requisitos para crear una SL son de cachondeo”, zanja Pena.

Sin control de la administración

“No hay ningún control. ¿Cómo puede ser que tengan toda la información: códigos de cotización, datos registrales, datos fiscales, de todo tipo y no se crucen? ¿Cómo es posible que la Administración no cruce los datos de empresas insolventes con el administrador único de la empresa y ver si este tiene otras empresas y hay movimientos entre ellas cuando descapitaliza una? Hay mecanismos, pero no se hace”, lamenta el abogado.

“¿Cómo puede ser que un juzgado de lo Mercantil, o de lo Social, o la propia Hacienda automáticamente no investigue esto? Cómo puede ser que la Administración pública esté dilapidando dinero, cuando a lo mejor podría frenar esta sangría que no es otra cosa que fraude?”, insiste el abogado del sindicato. Muchas preguntas sin respuesta.