- Trece años después del accidente aéreo de Spanair, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 sigue a la espera de que se determine quiénes fueron sus responsables y considera que “si no tuvieran ningún cargo de conciencia, no tendrían miedo de que esto fuera a la Fiscalía”, subrayó su presidenta, Pilar Vera.

Con motivo del aniversario del accidente, Vera lamentó que el dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente aéreo -aprobado el pasado mayo en el Congreso de los Diputados con los 121 votos en contra del PSOE- siga “estancado” y pidió que se envíe cuanto antes al Ministerio Público. Vera quiso recalcar el “cansancio” y el “desgaste” que ha supuesto para las familias el proceso en el que llevan inmersos trece años: “Trabajamos por la memoria de los muertos y la seguridad de los vivos”, recalcó, visiblemente emocionada.

La comisión del Congreso, que se creó en febrero de 2018, pretende esclarecer las causas y posibles responsabilidades del siniestro del vuelo AVJK5022 en el que fallecieron 154 personas y hubo 18 supervivientes.

Entre las recomendaciones, el dictamen detalla una serie de puntos que la Comisión considera que deberían trasladarse al Ministerio Fiscal. Entre ellos, que tanto la DGAC como la Ciaiac no hayan enviado documentación solicitada por la Comisión; la reclamación a Boeing de los datos técnicos del MD82 que no fueron facilitados; el posible delito de revelación de secretos de Estado por las filtraciones en las comunicaciones por parte del Ministerio de Fomento, y comprobar si el trato de la aseguradora Mapfre a las víctimas y familiares se ajustó a la normativa europea e internacional. El PSOE emitió voto particular en contra al considerar que algunos puntos del dictamen suponen una “grave vulneración de la ley” y pueden ser contrarios al derecho.

Entre los 18 supuestos responsables que aparecen en el boletín del congreso publicado en mayo de este año, se encuentran políticos como la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez; el secretario General de Transporte y de Estado, Luis Fernando Palao; el expresidente de Aena, Manuel Azuaga y la aseguradora de la aerolínea Spanair, Mapfre.

Precisamente, sobre la compañía aseguradora y las indemnizaciones, la asociación expresó “impotencia” e “indefensión” ante el trato de la Justicia: “Al igual que ocurría con las cláusulas suelos de los bancos, en este caso se tiende a fallar en favor de las aseguradoras”.

Además, los familiares de las víctimas tacharon de “insulto” que se apliquen los barómetros de accidentes de tráfico en catástrofes aéreas cuando existe una normativa europea específica, el Convenio de Montreal, que regula estos siniestros.

La asociación propuso además declarar el 20 de agosto como día nacional de las víctimas de accidentes aéreos. “El día que dejemos de venir aquí, que quede este 20 de agosto para recordarlos”, expresó la presidenta de la asociación.

En memoria de las víctimas, dos padres de fallecidos depositaron en la placa conmemorativa que se encuentra en el parque Juan Carlos I, cerca del aeropuerto de Barajas, una corona de rosas blancas. Después, los familiares se desplazaron hasta los jardines de la Terminal 2 del aeropuerto madrileño. Allí realizaron una ofrenda en el olivo donde se encuentran las placas de bronce con los nombres de los fallecidos y guardaron un minuto de silencio en la pista 36L, lugar de la tragedia.

Correlación de fallos. Según el dictamen, Spanair ya sufría por entonces las “serias dificultades económicas”, por lo que los técnicos de mantenimiento y los pilotos actuaron “presionados” por el compromiso de puntualidad, así como por el ERE presentado días antes. Además, la aerolínea habría recibido “sin mediar inspección” la prórroga del Certificado de Aeronavegabilidad para el avión, unido al fallo de la alarma TOWS que no advirtió de la configuración incorrecta, un problema detectado en 72 ocasiones en otros aviones.