- “Agua de borrajas”. Papel mojado. Las 22.995 multas que tramitaron durante el primer estado de alarma la Ertzaintza y las policías locales de Euskadi -sin contar las de Barakaldo, Bilbao y Gasteiz- se quedarán probablemente en nada, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya fallado contra el Estado de Alarma decretado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en marzo de 2020. El Gobierno Vasco calificó ayer esta decisión de “sorprendente y chocante”.
Las consecuencias para la Administración son “importantísimas. De entrada, Erkoreka aseguró que se había dado la orden de paralizar de forma inmediata las 17.800 sanciones pendientes de tramitar y es posible que se apunten en el cielo. Es decir, que no se tramiten.
Erkoreka reconoció que “buena parte de lo que se ha hecho puede quedar en agua de borrajas” y transmitió el “desánimo” que esta situación provoca en los cuerpos policiales, que, después de realizar “un esfuerzo organizativo importante”, cumplieron “rigurosamente el cometido que se les encomendó de ser exigentes y rigurosos” ante la “repentina multiplicación por 40 del número de expedientes sancionadores”.
De todas esas multas, 5.255 han sido ya cobradas y la duda principal es qué pasará con ellas. “Habrá que esperar a ver si el TC dice que es obligatorio volver a restituir la situación original en todos los supuestos, se haya pagado la multa o no, se haya recurrido o no”, precisó el vicelehendakari: “El Tribunal tendrá que dejar algún criterio claro para indicarnos cómo actuar”.
A falta de conocer más detalles sobre la sentencia, el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, que ayer participaba en los Cursos de Verano de la UPV/EHU, aseguró que “el sentido del fallo viene a indicar que una suspensión de derechos fundamentales exige la declaración de un Estado de Excepción” y no entró a discutir al respecto. “Lo que interesa desde un punto de vista de valores jurídicos es conocer los argumentos que justifican tanto el sentido del fallo como el voto minoritario”, aseguró.
En su opinión, sin embargo, lo “previsible” es que “a partir de la declaración de nulidad de algunos preceptos, las sanciones que se han podido imponer en base a esos preceptos, los ciudadanos afectados puedan solicitar la revisión y la devolución de su importe”. Subijana ve probable que la Administración tenga que devolver esos 1.568.356 euros cobrados, relativos a 5.255 expedientes (un 55% abonados mediante el sistema con descuento de pronto pago). También cree que “lo previsible es que se cierren si la base y el fundamento ha sido alguno de los preceptos que ahora el TC ha declarado nulos”.
“Es previsible que los afectados puedan solicitar la revisión y la devolución de su importe”
Presidente del TSJPV
