Querella criminal de los transportistas españoles contra Aintzane Oiarbide y Bidegi

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha señalado en un comunicado que ha pasado "casi un mes" desde que el Tribunal Supremo "confirmó la nulidad" del sistema de peajes a camiones puesto en marcha por la Diputación de Gipuzkoa hace más de tres años.

"Lejos de ejecutar el fallo judicial", la institución foral guipuzcoana, con la responsable de Infraestructuras a la cabeza "sigue persistiendo en su desafío al Estado de Derecho, manteniendo sin cobertura legal alguna el cobro de los peajes a toda costa pese al riesgo que tal irresponsabilidad conlleva", señala el comunicado.

Frente a estos argumentos, Oiarbide ha explicado recientemente en las Juntas Generales Juntas Generales, que la Diputación mantiene todavía el cobro en estas carreteras porque la sentencia aún no se ha hecho oficial, lo que ocurrirá cuando se publiqe en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. Cuando se publique, la Diputación, aprobará un decreto foral para mantener el canon a la espera de que las Juntas Generales elaboren una nueva norma foral (la tercera), con la que confía en salvar los posibloes recursos ante la justicia.

Esta denuncia se suma a la que la pasada semana presentó en los juzgados de Donostia el sindicato Hiru. Para el sindicato guipuzcoano, el Departamento de Infraestructuras Viarias y Bidegi están "ignorando" la resolución judicial de manera "irresponsable".

Para la asociación de transportistas la posición de la diputada foral es "un intento" de "confundir" a la opinión pública guipuzcoana con "argumentos frentistas", "totalmente improcedentes" en un representante pública que buscan "ocultar su fracaso personal en la aplicación de esta medida por su negativa a negociar con el sector afectado".

Asegura que esta "grave irresponsabilidad y desobediencia" manifestada públicamente en las últimas semanas ha llevado a Fenadismer y el resto de asociaciones que conforman el Comité Nacional de Transporte por Carretera a presentar en los Juzgados de Instrucción de Gipuzkoa una querella contra Oiarbide y la sociedad pública Bidegi, que gestiona el cobro de los peajes.

La Diputación sigue cobrando los peajes "cuando tiene pleno conocimiento" de que el TSJPV declaró nula la norma que los sustenta y de que dicha resolución es "firme", a pesar de las "estrategias empleadas" por la institución foral para "encubrir esta realidad y justificar lo injustificable", aseguran.

La querella es consecuencia del comportamiento "contumaz" de la diputada Oiarbide que "se negó desde el primer momento a escuchar las razones del sector" y no ha cambiado de política a pesar de las "reiteradas resoluciones judiciales", afirman.

Al Comité Nacional de Transporte por Carretera "no le queda otra opción que seguir defendiendo los derechos de sus representados y acudir nuevamente a los tribunales para solicitar el amparo ante la sinrazón y reclamar el imperio de la Ley y el Derecho", concluyen