El impacto social, económico y emocional que está dejando la pandemia en la población menor de 30 años resulta demoledor. "Es uno de los focos en el que situar ahora mismo las políticas de protección públicas", ha advertido este viernes José Emilio Lafuente, secretario general de Cáritas en Gipuzkoa.
La entidad diocesana ha dado cuenta de la memoria del año pasado. Un periodo de tiempo convulso en el que se destinaron 3.211.706 euros en ayudas directas, la mitad de ellas para paliar problemas de subsistencia. Durante 2020 fueron atendidas 19.425 personas pertenecientes a 9.024 hogares. La crisis sanitaria por covid-19 ha barrido el empleo informal de tal manera que 4.943 guipuzcoanos se han visto obligados a pedir ayuda por primera vez, de los cuales el 42,8% (2.125 personas) son menores de 30 años.
Se trata de un colectivo muy castigado, según ha alertado José Ramón Aramendi, director de Cáritas en Gipuzkoa. "La desaparición del empleo informal ha creado situaciones dramáticas puesto que muchas personas vivían de trabajos irregulares sin que hayan podido acceder a una mínima cobertura social".
Cáritas ha hecho un llamamiento para evitar la cronicidad y la estigmatización de este sector de población "que necesita construir un futuro y un proyecto de vida autónomo y digno". Instan por ello a las instituciones públicas a reforzar el apoyo social a este colectivo, dentro del cual también se percibe "una mayor aislamiento social"
HOGARES UNIPERSONALES
"Jóvenes y solos", ha resumido el secretario general de Cáritas, que percibe la baja intensidad de las relaciones sociales. La entidad diocesana destaca como muy significativo el aumento de hogares unipersonales (37,94%) que atienden desde el comienzo de la pandemia. "Es algo que parece indicarnos la necesidad de volver a comprometernos con la generación de relaciones sociales en nuestros barrios", sugiere Lafuente.
De las 19.425 personas atendidas, el 58% son mujeres y casi ocho de cada diez migrantes. "Es uno de los colectivos que mayor protección precisa para sentirse parte de la sociedad", advierte Cáritas, que ha lamentado las muertes de jóvenes migrantes en su intento de cruzar la muga, por lo que reclama "una política migratoria más justa donde se protejan y respeten los derechos humanos".
Con respecto a la población inmigrante que trata de labrarse un futuro en Gipuzkoa, el acceso a un empleo formal, a una vivienda adecuada, a la regularización administrativa o la propia falta de redes familiares son algunos de los problemas identificados por los servicios sociales.
La pandemia también ha puesto en evidencia el número de personas sin hogar que duerme en las calles. Para Cáritas es "urgente" profundizar en la Estrategia Vasca Para Personas Sin Hogar (2017-2021) "con más decisión política en todos los ámbitos de la Administración pública" para hacer frente a las necesidades de acceso a la vivienda o la salud. "El sinhogarismo es la realidad social más cruel que tenemos que abordar con mayor esfuerzo público en los próximos años", resalta la entidad. PROTECCIÓN PÚBLICA
El secretario general de Cáritas admite que la protección pública "es y será" el paraguas social más solidario para todos los colectivos a los que vienen atendiendo durante los últimos años. Prestaciones económicas como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o los ERTE "son las mejores herramientas" para cubrir las actuales necesidades.
A pesar de ello advierten que "miles de personas y hogares quedan fuera de esas prestaciones, por lo que no pueden acceder a una mínima cobertura social". Cáritas recuerda que un año después de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, IMV, "todavía no ha llegado a proteger a la mayoría de quienes cumplen requisitos".
