DONOSTIA- La norma foral vigente que regula el peaje para camiones en la N-1 y la A-15 tampoco ha pasado el filtro del Tribunal Supremo. Al igual que hizo con la primera norma foral en una sentencia que se conoció el 3 de marzo, el alto tribunal español ha tumbado la segunda norma. La Diputación de Gipuzkoa acaba de conocer el fallo. Ante esta situación, la institución foral anuncia que prepara una tercera norma foral para regular el pago por uso en estas infraestructuras, al tiempo que pide plantear una cuestión prejudicial ante la Comisión Europea.
El aval europeo y la aprobación, por dos veces, de las Juntas Generales de Gipuzkoa no son suficiente aval para el peaje a los camiones en las autovías N-I y A-15 y la Diputación Foral tendrá que legislar a contrarreloj para sortear el nuevo revés judicial sufrido hoy y poder mantener el cobro del canon obligatorio, que sigue activo desde enero de 2018, hace ya más de tres años. El peaje no decaerá, pese a todo.
El Tribunal Supremo español ha desestimado el recurso de casación presentado por la Diputación de Gipuzkoa y las Juntas Generales contra el fallo del 26 de mayo de 2020 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). El alto tribunal vasco había fallado, hace un año, contra la norma foral 6/2018, la que sustenta el peaje actual a camiones, por considerar que esta medida es discriminatoria con el tráfico proveniente del exterior.
Hoy se ha conocido la providencia que adelanta el sentido de la decisión del Supremo y la Diputación ha anunciado de inmediato que aprobará en breve un Decreto Foral-Norma para mantener el cobro del peaje. Se trata de una maniobra legal exprés que le dará margen hasta aprobar una nueva norma foral, la tercera en menos de cuatro años.
Nada cambiará en los próximos días para los cerca de 12.000 camiones que atraviesan el territorio a diario. Y la Diputación trabaja para que tampoco lo haga a medio y largo plazo. Todos ellos seguirán pagando mediante el sistema free-flow, pago sin barrera, pero la batalla jurídico-legal entre la patronal de los transportistas y la Diputación se enreda.
El ente foral ha anunciado hoy mismo que ya tiene "muy avanzada" una nueva norma foral, la tercera, para afianzar el peaje y esquivar con éxito los recursos que puedan presentar los sindicatos y la patronal del transporte contra la misma.
Aintzane Oiarbide: El "interés común de los guipuzcoanos"
"Seguimos defendiendo el interés común de los guipuzcoanos con normas aprobadas en Juntas Generales, donde reside la soberanía guipuzcoana y la premisa europea de que el peaje es el sistema social y ecológicamente más avanzado y por ello, daremos lo pasos que sean necesarios", ha remarcado la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide.
La Diputación Foral de Gipuzkoa, en un comunicado, ha trasladado que "mantiene su firme decisión de seguir cobrando a los vehículos pesados por el uso de estas carreteras, tal y como establece la directiva europea. Por ello, seguirá dando pasos que lo permitan como es la aprobación del citado decreto que se aprobará en los próximos días, al tiempo que seguirá avanzando en la elaboración de una nueva norma foral para su aprobación en las Juntas Generales".
A la tercera...
A la tercera...
La primera norma foral de 2016 (contemplaba 20 kilómetros de pago) fue corregida por la propia Diputación antes de que la tumbase el Tribunal Supremo y la segunda (16 kilómetros de pago), la que actualmente está en vigor, quedará invalidada, según ha adelantado hoy el Supremo. Había sido aprobada por las Juntas Generales hace tres años, en junio de 2018, permitiendo seguir aplicando un peaje para los camiones en la N-I y parte de la A-15. Los tramos sujetos a pago son: pórtico de Etzegarate (7,45 km), el de Astigarraga (3,19 km) y el de Andoain, de 5,37 kilómetros.
La noticia no ha cogido por sorpresa a la Diputación, que llevaba tiempo analizando "minuciosamente" los anteriores reveses judiciales y sus argumentaciones. De hecho, el pasado marzo el Supremo ya tumbaba la primera de las dos normas forales (estuvo en vigor desde el 9 de enero de 2018 hasta el 14 de mayo de 2019), la que Gipuzkoa había corregido previamente para evitar llegar a la situación actual.
Entonces, el Supremo hizo suya la razón esgrimida por el TSJPV para anular la primera de las normas. Es decir, que el modelo de peaje es discriminatorio con los camiones de fuera de Gipuzkoa. "El canon de utilización de diversos tramos de las carreteras de alta capacidad, como el establecido en el Territorio Histórico de Gipuzkoa por la Norma Foral controvertida, que grava en mayor medida los tramos de salida y de entrada al citado territorio, así como a los vehículos pesados de más de 12 toneladas, incurre en una discriminación indirecta por razón del origen o destino de la operación de transporte, prohibida por el artículo 7.3 de la Directiva 1999/62/CE", decía.
Sin embargo, la Diputación cree que Europa avala sus tesis y que la Justicia no ha tenido esto en cuenta. "Toda legislación europea debe ser consultada en instancias europeas y en estos casos no se ha realizado, generando una situación de indefensión manifiesta", ha denunciado Oiarbide, quien ha recordado que la propia Comisión Europea, conociendo nuestra Norma Foral y habiendo dictaminado favorablemente el informe que ésta debe emitir, no ha actuado en contra de la implantación del peaje guipuzcoano en ningún momento".
Por ello, la titular de carreteras, ha avanzado que además de aprobar una nueva regulación, solicitará que se presente una cuestión prejudicial ante la Comisión de Europa.
90 millones en 15 años
90 millones en 15 años
La decisión de instalar el peaje a camiones en la N-I y la A-15 está basada en el criterio de pago por uso. Es decir, quien usa, paga. De hecho, según las previsiones realizadas a finales de 2017, justo antes de la implantación del canon, el peaje a camiones liberaría en los próximos 15 años 90 millones del presupuesto foral para invertir en esta carretera.
Sin ir más lejos, el mantenimiento de la N-I, desde el desdoblamiento del puerto de Etzegarate (Idiazabal) en 2003, hasta la entrada en vigor del peaje, en enero de 2018, costó algo más de 100 millones de euros a la Diputación de Gipuzkoa, más de siete millones anuales.
