La nueva RGI mejora la cobertura de pensionistas y menores

A la espera de integrar el IMV, se apuesta decididamente por la activación laboral de las personas beneficiarias de estas prestaciones

13.05.2021 | 14:08
Actualmente cobran la RGI en Euskadi unas 55.000 personas.

Más generosa con las personas y familias en riesgo de exclusión social, más rigurosa en las tareas de inspección y control de las prestaciones económicas asociadas a cada expediente y más exigente con la Administración por agilizar el sistema, mejorar las coberturas y garantizar la sostenibilidad del modelo vasco de atención y acompañamiento social y laboral ante situaciones de desamparo. Así será o pretende ser la nueva Ley de Garantía de Ingresos e Inclusión que el Gobierno vasco confía en poder aprobar a lo largo del último cuatrimestre de 2022.

Esta vez espera que no haya fiascos de última hora como ya ocurriera durante la pasada legislatura, cuando EH Bildu se descolgó en el último momento del documento que enfilaba su tramitación. El espíritu progresista del mismo se mantiene y, además, su contenido se ha regenerado con las aportaciones de entidades del Tercer Sector, Ararteko y Emakunde, por ejemplo.

Y lo seguirá haciendo cuando, en próximas fechas se materialice la transferencia del Ingresos Mínimo Vital (IMV), cuya gestión quedaría integrada bajo este tejado a dos aguas: social y laboral. El objetivo es desplegar abiertamente las ayudas y proteger mejor a las unidades convivenciales con menores a su cargo, pero también a las personas pensionistas o a las familias monoparentales.

Así lo ha subrayado Idoia Mendia durante la presentación del borrador que en los últimos meses de este año será remitido al Parlamento Vasco, después del habitual periodo de alegaciones públicas. Una vez que el proyecto de ley resida en sede parlamentaria, será sometido al contraste político. De hecho, las líneas generales del mismo han sido compartidas con portavoces de formaciones de distinto signo y con alguna que otra entidad social como Cáritas Euskadi.

La vicelehendakari Idoia Mendia ha presentado el borrador.

De entrada, todos comparten la inevitable necesidad de profundizar en la cohesión social de Euskadi. Y esta nueva ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión se enfoca hacia esa meta de mitigar las bolsas de exclusión y corregir desigualdades. Se pretende llegar a nuevas realidades familiares y, al mismo tiempo reforzar la atención de aquellos hogares en los que hay menores o pensionistas. Y todo ello sin perder de vista la inclusión social y laboral.

De hecho, el borrador incorpora novedades sustanciosas para actualizar la normativa a las nuevas realidades sociales y familiares. Entre ellas, la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo ha querido destacar la disminución del requisito de empadronamiento de 3 a 2 años para familias con menores a su cargo; o la eliminación de los límites por hijo; o que ahora, también para proteger a la infancia, solo se perdería parte de la prestación y no su totalidad en caso de sanción.

También, en ese afán por "no dejar a nadie atrás" se implanta la posibilidad de la declaración responsable que permite el cobro al mes siguiente de la solicitud. Eso sí, se agravan las consecuencias derivadas de falsedad u ocultación de datos y por incumplimientos manifiestos como el rechazo objetivo de una oferta de trabajo que conllevará la pérdida de la prestación.

En lo económico, la principal novedad en las ayudas afectará, para bien, a pensionistas y familias monoparentales y con menores a su cargo. Actualmente, las prestaciones son de 706 euros para familias de un miembro, 907 con dos y 1.003 con tres miembros. En el caso de un pensionista adulto solo -muchos de los perceptores de la RGI son personas con pensión escasa, como viudas, a las que la RGI complementa sus ingresos-, la cuantía máxima va a subir de los 810 euros al mes actuales a 893 euros.

También las familias con personas a su cargo (normalmente menores) van a percibir un complemento, que será del 50% para el titular de la prestación -el padre o madre de familia- y del 30% por hijo. Las prestaciones para personas solas o adultos quedarán similares a las de ahora. Eso sí, cuando esta nueva ley vea la luz desaparecerá la Prestación Complementaria por Vivienda (PCV).



Asimismo, en el articulado de la ley se contempla facilitar el acceso a víctimas de violencia machista, de trata y explotación sexual; y lo mismo para personas reconocidas como refugiadas o que formen parte de acuerdos europeos de reubicación. En el caso de víctimas del terrorismo, se les eximirá del requisito de empadronamiento previo, como ya se hace con la colectividades vascas en el exterior.

Otra de las novedades es que la prestación tendrá carácter indefinido aunque los controles e inspecciones serán más exhaustivos, cada tres meses, y en distintas "capas" para tratar de evitar la picaresca. Asimismo, se prevé crear una Unidad de Inspección dentro de Lanbide para controlar todo el proceso.

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