- La decisión del Tribunal Supremo de tumbar la primera norma foral de peajes de la N-I al considerarla discriminatoria con respecto a los transportistas foráneos en favor de los locales continúa despertando reacciones. 24 horas después de conocerse la sentencia, la principal duda radica ahora en qué pasará con el dinero que durante los meses en los que la norma foral estuvo en vigor se cobró a los transportistas, que ya han reclamado que la Diputación derogue el actual peaje, que también se encuentra a la espera de un fallo del Supremo, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) también lo tumbara.
La Diputación mantuvo ayer el más absoluto silencio ante esta cuestión, pero quienes sí se pronunciaron al respecto fueron los transportistas, que exigen al Gobierno foral que derogue el canon de la N-I, al entender que está condenado a ser anulado por los tribunales.
El sindicato Hiru reclamó que el Departamento de Infraestructuras Viarias que dirige Aintzane Oiarbide devuelva “de oficio” el dinero cobrado a los transportistas afectados, sin necesidad de que estos reclamen cantidad alguna. “El sistema de telepeaje es automático, tienen todos los datos, a todos los usuarios identificados, y no hay razón para oponerse o rehusar las devoluciones, por lo menos, de los peajes cobrados durante el periodo que estuvo en vigor la primera norma anulada el 3 de marzo de 2021 por la sentencia del Supremo”, apuntaron desde el sindicato.
De igual forma, Hiru exigió la “suspensión cautelar” de la norma foral de peajes ahora vigente y que también fue anulado por el TSJPV. “La Diputación ha manifestado que seguirá cobrando la tasa a los camiones hasta que salga la sentencia sobre la segunda orden que se supone será igual a la anterior. No entendemos la insistencia de la Diputación por mantener un sistema anulado una y otra vez por los tribunales, proceder que generará intereses, recargos, sanciones y costes absurdos que se tendrán que sufragar con el dinero de todos”, censuró el sindicato, que denunció que “la Administración actúa de un modo claramente irresponsable, y rozando la mala fe en su comportamiento”.
En similares términos se expresaron desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte Fenadismer, que anunció que reclamará el dinero recaudado, una cantidad que cifró en quince millones de euros. En este sentido, Fenadismer recomendó a los transportistas afectados que recopilen las facturas de los peajes abonados entre enero de 2018 y mayo de 2019, así como posibles sanciones que se les haya impuesto por tal motivo.
Fenadismer consideró que el proceder de la Diputación, que decidió mantener el cobro del canon pese a las dos sentencias anulatorias del mismo es “absolutamente irracional”, y a su juicio supone una “irresponsabilidad política” por las “graves consecuencias económicas” que ocasionará a las arcas forales y a los ciudadanos guipuzcoanos.
Remarcó que esta “huida hacia delante” es consecuencia de la versión “maquillada” del cobro de los peajes que puso en marcha en mayo de 2019 para sortear los pronunciamientos judiciales contrarios con el propósito de “tratar de camuflar el carácter discriminatorio” de la anterior regulación declarada nula, y que también está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva en los próximos meses.
Por su parte, EH Bildu pidió ayer la comparecencia urgente de la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, en las Juntas Generales para que dé las explicaciones pertinentes sobre las consecuencias que la resolución del Supremo va a acarrear para Gipuzkoa.
EH Bildu pide que la diputada Aintzane Oiarbide comparezca en las Juntas Generales para dar explicaciones
