- El informe MoMo (Monitorización de la Mortalidad diaria), que periódicamente realiza el Instituto de Salud Carlos III, indica la estimación de mortalidad esperada mediante medias históricas basadas en la mortalidad observada durante los últimos diez años y detecta si ha habido un exceso de mortalidad, situación que se ha dado en el Estado desde mediados de marzo debido a la incidencia del COVID-19 en la población.
El último informe sobre la monitorización de la mortalidad diaria indica que en el Estado ha habido tres periodos en los que ha habido un exceso de mortalidad, también denominado índice de sobrefallecimiento. Este porcentaje de exceso de mortalidad llegó a ser del 63,8% entre el 10 de marzo y el 9 de mayo, ya que entre esos dos días se esperaban 67.911 fallecimientos y se produjeron 111.253.
La enfermedad se cebó con especial fuerza entre las personas mayores: el índice de sobrefallecimiento entre los mayores de 74 años llegó a ser del 73,9%, mientras que entre los 65 y 74 años fue del 53,5% y entre los menores de 65 se quedó en el 23%.
En los otros dos periodos el porcentaje de exceso de mortalidad es más suave: entre el 27 de julio y el 15 de agosto fue del 12,6% (aunque sube al 15% entre los mayores de 74 años) y entre el 17 y el 31 de agosto, del 6,7% (8,1% en las personas mayores).
En Euskadi, el informe MoMo indica que, desde el inicio de la pandemia, solo ha habido un periodo en el que se aprecia un sobrefallecimiento, y es el comprendido entre el 15 de marzo y el 2 de mayo. Se produjo entonces un exceso de 1.546 muertes, ya que estadísticamente estaban previstas 2.896 y se produjeron un total de 4.441, lo que arroja un porcentaje de exceso de mortalidad del 53,4%, que llegó a ser del 61% entre las personas mayores de 65 años.
Desde el 2 de mayo hasta el 31 de agosto no se aprecia un sobrefallecimiento en Euskadi debido al coronavirus pese a que las dos últimas semanas de agosto ha habido 46 decesos con el COVID-19 como causa directa.
Los datos que se reflejan en el informe MoMo se obtienen de los 3.929 registros civiles informatizados del Ministerio de Justicia, correspondientes al 93% de la población del Estado en todas sus provincias.
