- La doble línea de ayudas COVID al alquiler abierta por el Gobierno Vasco sigue tramitando y resolviendo expedientes. La mayoría, además, a favor de la persona solicitante que, o bien queda exonerada del pago de la mensualidad -y de los gastos de comunidad- si es inquilino de una vivienda del parque pública, o bien recibe 250 euros cuando el piso en el que reside alquilado es del mercado libre. De hecho, la mayoría de las peticiones han llegado desde este último sector.
A mediados de agosto, el número de instancias presentadas para ambos supuestos sumaba 4.264. La mayoría, 2.759, estaban asociadas a ese alquiler libre, modalidad a la que habría que añadir otras 1.610 que estaban pendientes de estudio y otras 225 que estaban siendo revisadas. “La mayoría son positivas”, resumen desde el Departamento de Vivienda. En términos generales, describen las fuentes consultadas, “más de un 70% se resuelven positivamente”.
Y eso, a pesar de que en muchas ocasiones el proceso se demora en el tiempo debido a que la documentación necesaria es aportada en fases. En algunos casos por problemas burocráticos “en otras ventanillas” y en otros, porque las personas demandantes de esa ayuda no quieren que la Administración acceda vía telemática a esos documentos que faltan. “Cuesta que permitan la interoperabilidad. No les da seguridad. No gusta mucho”, apostillan.
“Hay un número elevado de solicitudes postales y no electrónicas, y eso alarga los plazos y se tarda mucho en recibir los documentos y en entregar nuestras resoluciones porque todo va por Correos, que se colapsó en periodo electoral y nos afectó mucho”, subrayan a este periódico personas conocedoras del proceso. Con todo, los números alaban el trabajo desempeñado desde la aprobación de esta línea de ayudas a finales del pasado abril para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad económica y social sobrevenidas durante la pandemia.
Una circunstancia de la que tampoco escaparon los inquilinos en alquiler social. Este colectivo quedó eximido de pagar la renta -y los gastos ordinarios de comunidad- durante tres meses, siempre y cuando acreditara una pérdida sustancial de los ingresos, igual que las personas y unidades familiares que también viven en alquiler, pero en ese otro mercado libre. A mediados de agosto, la exoneración de alquileres en Alokabide había sido aceptada para 725 expedientes -y otros 32 estaban “en estudio”- de las 1.505 solicitudes presentadas. De esta forma, el Gobierno Vasco se ha hecho cargo de pagar recibos por valor de 561.000 euros.
Una cantidad muy cercana a los 600.000 euros previstos por la Administración vasca en el Fondo COVID-19 para esta línea de ayudas. Nada que ver, por otro lado, con los 5,5 millones de euros planteados para atender los aprietos domésticos en el mercado libre. Las primeras solicitudes de esa ayuda de un máximo de 250 euros entraron el 6 de mayo. En este caso, la cobertura económica podría prolongarse hasta fin de año, aunque el cobro de la misma está supeditado a una revisión del expediente a los tres meses. Los últimos datos facilitados están ya por encima de los 854.000 euros.
