- Este año, debido a las dificultades organizativas impuestas por las medidas de prevención del COVID-19, no se están realizando el mismo número de actividades veraniegas de ocio y formación dirigidas a niños y jóvenes que se suele programar durante las vacaciones escolares, pero aún así, sigue habiendo campamentos, colonias, talleres, cursos, academias y eventos deportivos. Si a esto sumamos que la apertura de playas y piscinas ha requerido la contratación de diverso personal que, en muchas ocasiones, debe atender y tratar de forma habitual con menores de edad, este verano, pese a la singularidad derivada de la pandemia, ha continuado habiendo demanda del Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual para acceder a un empleo de temporada o actividad de voluntariado. No obstante, hasta el pasado mayo, los vascos solo han pedido una cuarta parte de los certificados habituales.
El Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual es un documento gratuito, expedido por vía telemática o presencial en distintas instituciones, que permite acreditar la carencia de antecedentes por delitos de naturaleza sexual (certificado negativo) o, en su caso, la existencia de los mismos, con vistas a trabajar y tratar de manera habitual con menores de edad. La obligatoriedad de presentar este certificado para proteger a los menores contra la explotación y el abuso sexual, viene establecida por la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y por la Ley 45/2015 de Voluntariado.
En 2019 en Euskadi se solicitaron casi 57.000 certificados, que suponen el 2,12% del total de 2.679.931 documentos requeridos en todo el Estado español. Según el Ministerio de Justicia, del que depende el Registro Central de Delincuentes Sexuales, el parón de la actividad económica ocasionado por el coronavirus hizo descender el número de solicitudes, especialmente en los meses de confinamiento más estricto. Aún así, Justicia emitió hasta el pasado 31 de mayo 704.783 certificados, de los que 6.629 habían sido solicitados desde el País Vasco. La mayor parte de las solicitudes de certificado presentadas en Euskadi en los cinco primeros meses del año usaron canales telemáticos -3.526- y solo 2.743 peticiones se realizaron de manera presencial.
La cifra de solicitudes de certificados presentadas en los cinco primeros meses de 2020 desde Euskadi representa prácticamente la cuarta parte de las tramitadas un año antes, mientras que en el conjunto del Estado español entre enero y mayo solo se requirió el 21% de los certificados solicitados en ese periodo en 2019. Esta contención en la necesidad de certificados evidencia el parón registrado en muchas actividades educativas, deportivas y lúdicas dirigidas a menores de edad.
En el Registro Central de Delincuentes Sexuales se incluyen los datos de identidad y perfil genético de las personas condenadas mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la pornografía. Se trata de evitar que estos condenados en sentencia firme puedan realizar actividades o ejercer profesiones u oficios en contacto con menores.
El certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. En el caso de los trabajadores, pueden hacerlo de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, de forma presencial en los registros de las gerencias territoriales del Ministerio de Justicia, en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y en los registros de cualquier órgano de la administración general del Estado, de cualquier Administración de la comunidad autónoma y de la administración local; o por correo postal. Además, las entidades en las que se va a trabajar con menores pueden solicitar el certificado negativo -para acreditar que se carece de antecedentes- de sus trabajadores de forma conjunta, previo consentimiento expreso. Por su parte, las administraciones públicas pueden solicitar el certificado negativo, con autorización previa del trabajador, directamente a través de la plataforma del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
