- Tarde o temprano tenían que llegar los primeros frutos tras meses intensos de investigación para tratar de conocer las causas del derrumbe del vertedero de Zaldibar en el que murieron dos empleados, Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán, cuyos cuerpos aún no han sido localizados. Las auditorías internas y externas y las llamadas a consulta desde Bruselas interesándose por este dramático suceso ven la luz poco a poco. Ayer, de momento, fue el Juzgado de Instrucción número 1 de Durango el que tomó cartas en el asunto. Y lo hizo empezando desde arriba con la detención del dueño de la escombrera y de dos altos cargos de la empresa Verter Recycling, gestora de la planta colapsada el pasado 6 de febrero.
Pocos detalles más trascendieron sobre este episodio, salvo que una de esas personas arrestadas ayer por la Ertzaintza sería Arrate Bilbao, sobrina del propietario del vertedero, José Ignacio Barinaga, que hacía las labores de administradora única de Verter Recycling. El otro empleado que pasará a disposición judicial en las próximas horas -el plazo máximo legal para hacerlo es de 72 horas- sería el director técnico del vertedero. Por el momento, los tres permanecen en las dependencias de la Ertzain-tza en Eibar, donde les tomarán declaración antes de ser llamados por el juez que asumió desde un principio las piezas vinculadas a este desastre humano y catástrofe ambiental.
De hecho, a los pocos días de producirse aquel alud de más de medio millón de metros cúbicos de residuos y tierra fueron abiertas las primeras diligencias para tratar de esclarecer lo ocurrido. Aquel procedimiento derivado del proceso incoado el 11 de febrero derivó en dos causas: una por delitos ambientales y otra por vulneración de los derechos de los trabajadores que se lleva en el juzgado de Eibar. Y otra más que se instruye vinculada exclusivamente con la desaparición de Sololuze y Beltrán, asumida por el de Durango.
A finales de marzo se supo que la Ertzaintza, en sus primeras indagaciones sobre el terreno, constató "indicios de criminalidad" en la gestión del vertedero. Incluso se dejaba entrever la existencia de "irregularidades" en la gestión de la planta. Es decir, que recogía y almacenaba residuos para los que no estaba autorizada. Y a ese informe se sumaba otro, enviado a la Fiscalía del País Vasco por el Departamento de Medio Ambiente, en el que se aportaba el reconocimiento de la empresa de que días antes de producirse el colapso de la escombrera habían tenido conocimiento de la aparición de algunas grietas en la misma, sin que se detuviesen los trabajos de descarga de residuos.
No ha sido la única actuación asumida por la Administración vasca en su día a día para localizar los cuerpos de Sololuze y Beltrán y tratar de desentrañar lo ocurrido aquel fatídico 6 de febrero. Hace unos días se conoció que el Gobierno Vasco ha gastado más de 13,4 millones de euros en el vertedero de Zaldibar para garantizar la estabilidad de la escombrera tras su derrumbe y para buscar a los dos trabajadores.
Y es que tras el colapso del vertedero, Lakua asumió de forma subsidiaria la dirección, contratación y ejecución de todos esos trabajos, aunque será la empresa Verter Recycling la que finalmente se tenga que hacer cargo de los gastos por ser la propietaria y responsable del vertedero. Entre finales de abril y principios de julio Lakua gastó 4,4 millones, de los cuales 3,1 fueron para buscar a los operarios y estabilizar el terreno. A esa cantidad se sumarían los casi 9 millones gastados hasta finales de abril.
