- La Sociedad de Ciencias Aranzadi acomete en Sevilla una labor de enorme envergadura y no menos valor simbólico. Su trabajo se concentra en la fosa común de Pico Reja, ubicada en el cementerio de San Fernando, uno de los lugares más trágicos de la Guerra Civil donde se calcula que podrían descansar un total de 1.103 víctimas de la represión franquista.

Sobra decir que es considerada la mayor fosa de todas las que están siendo investigadas en la actualidad. Los trabajos comenzaron en 2017, cuando un equipo de historiadores se encargó de las tareas de localización y delimitación.

Un año después se inició la recogida de muestras de ADN de familiares de los represaliados, tanto de Sevilla como de otras provincias españolas, e incluso de Francia. Comenzó entonces la tramitación de los trabajos de exhumación en este cementerio que recibió ayer la visita de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, y Memoria Democrática, Carmen Calvo. “Esta fosa nos obliga a trabajar de manera cooperativa y leal por la dignidad de la democracia, para agradecer a las familias que durante tanto tiempo han esperado en silencio a que el Estado respondiera a un derecho principal y humano que es el de poder identificar a sus familiares”, aseguró.

Acompañada por otras autoridades, la ministra tuvo ocasión de seguir de cerca este proyecto de recuperación de la memoria histórica, que avanza de la mano de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, encargada de llevar a cabo los trabajos debido a su contrastada experiencia en este campo.

La fosa cuenta con una dimensiones de 671,34 metros cuadrados y una profundidad de unos cuatro metros. En suma, un total de 2.685 metros cúbicos que albergan a 1.103 personas represaliadas, según la investigación del historiador José Díaz Arriaza, que ha servido de base para estos trabajos. Entre las víctimas figuran miembros de la Corporación municipal de Sevilla, así como destacadas personalidad de la ciudad y la de la comunidad autónoma andaluza.

Los restos humanos hallados no dejan lugar a dudas. Muestran huellas de violencia que los identifican como víctimas de la represión franquista. “Se concluye la disposición del espacio como una tumba colectiva”, con la localización de restos humanos prácticamente a ras de superficie debido a la colmatación del espacio.

La cuantía del contrato da muestra de la envergadura del trabajo. Ha tenido una licitación que asciende a 1,1 millones de euros y se realizará “con las máximas garantías de rigor científico”, a través de la Sociedad Aranzadi.

El proyecto se desarrollará a lo largo de cuatro años y en tres fases. En opinión de Calvo, la memoria, la justicia y la paz son un política “obligatoria del Estado en defensa de los derechos humanos, para arrojar todavía mucha verdad sobre el pasado”, subrayó. “Tenemos que hacer todos un esfuerzo. Hay que trabajar para que las personas más mayores pueden terminar sus vidas sabiendo que sus familiares han sido identificados y recuperados”, enfatizó.