- Las personas con discapacidad cuyo cuidado está más institucionalizado vieron vulnerados sus derechos más elementales durante el confinamiento, teniendo que asumir sus familias el protagonismo y la responsabilidad de su atención. Así lo revela un estudio realizado por Elkartu (Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa), presentado ayer ante las Juntas Generales, y que pone de manifiesto la necesidad de "dignificar unos cuidados que constituyen la primera y, en ocasiones, última red de atención".
Para conocer la realidad de sus usuarios, más de 300 personas con discapacidad han respondido al cuestionario de la asociación, del que se han extraído una serie de conclusiones. La principal es que las familias se convirtieron en el principal y único apoyo de la mayoría a lo largo del confinamiento como consecuencia de la falta de muchos de los servicios sociales. De hecho, aquellos usuarios con su cuidado más institucionalizado llegaron incluso a perder parte de sus derechos más elementales, según Elkartu.
Por ello, la asociación ve necesario revertir las medidas adoptadas en los últimos años y "dignificar" los cuidados familiares e impulsar un "auténtico proceso de desinstitucionalización de las políticas sociales".
El estudio incluso revela que el 81% de los encuestados no recibieron ninguna llamada de los servicios sociales interesándose por su situación y necesidades durante el confinamiento.
A este respecto, el cuestionario muestra que las mayores cotas de bienestar personal y social entre las personas con discapacidad se dieron entre las que desarrollan su proyecto vital en el ámbito domiciliario y comunitario. Así, Elkartu ve más necesario que nunca impulsar el modelo de vida independiente en el que los usuarios puedan elegir su residencia y dónde y con quién vivir en igualdad de condiciones con los demás.
Del total de encuestados, la mayoría, el 67%, recibió durante el periodo de encierro cuidados familiares. El servicio de ayuda a domicilio fue usado por el 17%, el 8% dispuso de asistente personal y otro 8% no requirió de atención.
Además, el 10% de quienes normalmente hacen uso del servicio de ayuda a domicilio tuvo que ampliar sus horas de atención. Un porcentaje que ascendió hasta el 20% para actividades de recurso como hacer la compra o adquirir medicamentos.
Entre aquellas con asistente personal, el 13% necesitó una ampliación de su horario; hasta un 50% para el caso de actividades de recurso.
Con todos estos datos en la mano, la asociación expuso ayer en la Comisión de Políticas Sociales que las instituciones han gestionado la crisis sanitaria a través de un modelo de gobernanza basado en las decisiones unilaterales y la invisibilización de las personas con discapacidad y de las entidades del tercer sector.
"Resulta imprescindible impulsar un modelo de gobernanza colaborativa en el que las personas con discapacidad sean escuchadas y sus pospuestas tenidas en cuenta", apuntaron desde Elkartu.
