donostia - Un día después de denunciar públicamente su situación, Mónica Zapirain y Gustavo González, recibieron el jueves un escrito en el que se les notificaba lo que hasta entonces había sido imposible: el fondo buitre Azora, que ha irrumpido en Donostia, admite ahora la renovación de sus contratos de alquiler, vencidos el 31 de enero. Desde entonces venían recibiendo largas, obligados a pagar cada cuota sin saber qué iba a ocurrir al mes siguiente con el piso en el que llevaban morando toda una vida: 30 años ella en el barrio de Gros, y dos décadas él en la avenida Ategorrieta.
Azora, que el pasado 8 de enero compró las acciones de Inmobiliaria Vascongada, haciéndose con 320 viviendas, ha dado el visto bueno y brinda a los dos inquilinos con contratos vencidos la posibilidad de renovar, aunque por el momento desconocen las condiciones. "Lo que buscamos son ayudas colectivas porque después de estos dos casos vendrán otros, pero qué duda cabe que si conseguimos que este fondo de marcha atrás va a ser todo un triunfo dé la ciudadanía", declaró ayer la activista Rosa García, integrante de Stop Desahucios, plataforma que tiene previsto convocar una rueda de prensa el próximo jueves para valorar el contenido de las condiciones de renovación. Integrantes de esta plataforma y Gustavo González, uno de los inquilinos afectados, fueron recibidos ayer por el alcalde de Donostia, Eneko Goia, que les trasladó su apoyo. Otras 20 familias se encontrarán en la misma tesitura en los próximos meses, según el listado entregado ayer por la plataforma en el Ayuntamiento.
Durante el encuentro el alcalde se comprometió a defender la estabilidad de los contratos vencidos y los que están a punto de hacerlo, con un incremento del precio de alquiler ligado al IPC sobre los alquileres que están pagando actualmente.
a la calle A la espera de conocer el contenido de la propuesta, la presión social parece haber surtido un efecto determinante ante una empresa gestora de capital como Azora que, junto con Goldman Sachs, adquirió 3.000 viviendas de alquiler social a la Comunidad de Madrid por 201 millones de euros. Posteriormente incrementó de manera notable el alquiler a pagar, lo que llevó a la calle a numerosos inquilinos.
A pesar del apoyo del Consistorio donostiarra, el problema es que por el momento se trata de un asunto que trasciende su competencia. Al menos, de momento. Esta misma semana el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha declarado que antes del verano llevará a la cámara una iniciativa para permitir el control de precios del alquiler "en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas".
Los inversores especulativos reconocen que Donostia es el tercer destino de los fondos de inversión, de ahí que aterrizara Blackstone en 2018 y ahora Azora, aprovechando que no existe regulación que ponga límites a la burbuja especulativa del mercado de alquiler. La trágica consecuencia de ello son los desalojos por finalización de contratos o demandas por impagos.
Stop Desahucios trasladó ayer al alcalde que tanto los inquilinos de Azora como los de la VPO de Benta Berri pagan alquileres que "están dentro de los índices de los precios medios", desglosados por municipios y barrios, publicados por el Gobierno Vasco en octubre pasado y calculados con base en las fianzas registradas según la Estadística del Mercado de Alquiler (EMA). Por todo ello, "este Ayuntamiento tiene la obligación moral de impedir la imposición de alquileres por encima de estos índices, comprometiéndose a regular los precios en cuanto el Gobierno central le habilite legalmente para ello", expresó la plataforma, en alusión a la medida anunciada por el ministro Ábalos.
Donostia es la ciudad de Euskadi con los alquileres más caros, en la que se ubican más de la mitad de los apartamentos turísticos de la CAV y donde se han instalado más plazas hoteleras en los últimos años en detrimento del uso residencial.
