donostia - Llegó a su piso del número 43 de la calle Ategorrieta en el año 2000. Previamente, había residido en él desde los años 20 -concretamente, desde 1923- la familia de su mujer. Hizo una obra completa, cambiando puertas y ventanas y renovando suelos y paredes, con la firme convicción de que "iba a ser una vivienda para siempre", tal y como la habían disfrutado las generaciones anteriores. Ahora se encuentra con que su contrato de alquiler expira el próximo año y teme quedarse "en la calle". Es la historia de Iñaki Setién, uno de los vecinos afectados por la adquisición por parte del fondo buitre Azora de la Inmobiliaria Vascongada. Pero no es el único; como él, 300 familias residentes en los barrios donostiarras de Gros, Amara Zaharra y Centro se encuentran en la misma situación. Y en Gipuzkoa, la cifra de afectados bajo amenaza de especulación ronda el millar, la mayoría en la capital guipuzcoana.
La irrupción de Azora en el mercado del alquiler de la capital guipuzcoana ha puesto en jaque a las 300 familias que, como Setién, temen ser desalojadas. "Hasta ahora ha habido una actuación normal de renovación de contratos, con unas rentas más o menos lógicas, pero ha habido un momento en el que han empezado a pasar a los vecinos unos burofaxes en los que les indican que se les acaban los contratos a todos los efectos", explica este afectado, que prosigue: "Nos vemos ante una inseguridad e incertidumbre que no podemos asumir. No sabemos si nos van a subir los precios, porque tenemos la experiencia de Madrid y Catalunya, donde esta gente ha subido hasta un 100% las rentas y como somos gente trabajadora y gente humilde, nos vamos a ver en el problema de que no vamos a poder hacer frente a la renta".
Él vive en un piso de 60 metros cuadrados por el que abona alrededor de 800 euros mensuales y las rentas medias del resto de afectados oscilan entre los 600 y los 900 euros. "Los últimos que están entrando están pagando unos 950 euros", dice.
Sin embargo, ya nadie se fía. "El burofax lo que dice es que el contrato rescinde a todos los efectos. Ellos están intentando tranquilizarnos de forma falsa, diciéndonos que nos van a renovar los contratos mes a mes, pero eso no nos da ninguna seguridad a nosotros. Y ahora, encima, Azora nos dice que va a mantener la continuidad de los contratos y que no va a especular con las rentas, pero lo que ha pasado en Madrid y Barcelona nos dice todo lo contrario", añade.
El principal temor de los vecinos es que Azora quiera desalojarlos para luego especular con el precio de los alquileres. "No sabemos qué va a pasar con nosotros", insiste Setién, que remarca que la mayor parte de los vecinos son "gente de edad". "Yo tengo 64 años, pero hay gente de más de 70 y 80", explica.
Por ello, ante el miedo a que se produzcan estos "desahucios silenciosos", la plataforma Stop Desahucios reclamó ayer que Donostia se convierta en una ciudad donde "la vivienda tenga el uso residencial y social que ampara la Ley Vasca de Vivienda, y no sea el negocio lucrativo de empresas hoteleras y apartamentos turísticos, que no dejan de crecer".
Stop Desahucios celebró ayer una concentración en el Boulevard de Donostia en la que participaron alrededor de 250 personas, para exigir medidas que den seguridad a los vecinos frente a estos fondos de inversión.
"Queremos vivir en una ciudad donde nuestros jóvenes no tengan que marcharse, en la que muchas familias, sobre todo monoparentales, no tengan que vivir hacinadas en habitaciones con derecho a cocina pagando alquileres de 450 euros o compartiendo la misma vivienda porque los alquileres especulativos son los segundos más caros del Estado. Donde nadie tenga que dedicar el 50% o más de sus ingresos al alquiler, cuando en Europa se dedica en torno al 30%", manifestó la portavoz de la plataforma, Rosa García.
García criticó que la razón por la que Gipuzkoa se ha convertido en un territorio tan atractivo para los fondos buitre es que el Gobierno Vasco "no ha regulado en cinco años los precios del alquiler", lo que ha llevado a Donostia a convertirse en la segunda ciudad del Estado con las rentas más caras. Además, censuró que en este tiempo, el Ejecutivo vasco "no ha reglamentado el canon a las viviendas vacías y mantiene un parque totalmente insuficiente de viviendas de alquiler social", que, tal y como recordó, solo llega al 2% del total de viviendas de alquiler en la CAV frente al 15% europeo.
García también se mostró crítica con la gestión del Ayuntamiento de Donostia. "Eneko Goia viene tranquilizando a los 1.200 propietarios de apartamentos turísticos, pero no lo ha hecho con las 520 familias de Benta Berri -afectadas por la irrupción del Blackstone en 2018- ni todavía con las 300 de Azora, con las que tiene una reunión pendiente solicitada con decenas de firmas". "Todas esas familias corren el riesgo de acabar en la calle por no poder pagar los alquileres abusivos que pueden imponer los fondos buitre, a quienes han abierto la puerta de par en par con una política nefasta que antepone la vivienda como negocio a su uso social", concluyó.
