donostia - Los siete representantes municipales encausados por dar luz verde a la construcción de una pista en Aralar pidieron ayer a la Mancomunidad de Enirio-Aralar que se haga cargo de los costes judiciales del proceso, que arrancará con la toma de declaración de los procesados el 27 y 29 de enero.
Aloña Urretabizkaia (Arama), Iñigo Olano (Altzaga), Elena Rui (Beasain), Ainhoa Zuriarrain (Amezketa), Aitor Altuna (Lazkao), Jon Zubizarreta (Abaltzisketa) y Jose Miguel Santamaria (Ordizia) comparecieron ayer en Donostia para denunciar a través de un comunicado la "injusticia" que se está cometiendo con ellos, ya que consideran que han sido procesados por "tomar decisiones adoptadas democráticamente" en el seno de la mancomunidad, que conforman los municipios de Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Gaintza, Itsasondo, Lazkao, Ordizia, Zaldibia, Abaltzisketa, Amezketa, Baliarrain, Ikaztegieta, Legorreta y Orendain. Lo hicieron acompañados por representantes de los sindicatos agrarios Ehne y Enba, así como de miembros de la Asociación de Baserritarras de Aralar, quienes mostraron su apoyo a estos siete cargos públicos. En total, 16 personas están procesadas por la pista construida en Igaratza.
Los siete encausados entienden que la votación sobre acondicionar esta pista se ganó "democráticamente" en el seno de la mancomunidad y por ello pidieron al presidente de la misma, Adur Ezenarro (EH Bildu), que Enirio-Aralar se haga cargo de los gastos jurídicos de su defensa.
Es la tercera vez que estos representantes se dirigen a Ezenarro, aunque la primera que lo hacen de forma pública. De momento, no han obtenido una respuesta, lo que ha provocado la "preocupación" de los encausados, por la "falta de apoyo" que detectan. "El apoyo económico de la mancomunidad a las personas encausadas es una cuestión de voluntad, ya que no existe impedimento jurídico alguno", subrayaron.
Según recordaron los siete procesados, el grupo ecologista Eguzki y la asociación Landarlan les denunciaron por la vía penal, junto al secretario de la mancomunidad y cuatro técnicos y políticos de la Diputación, por supuestos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio por "votar a favor de acondicionar el camino entre Enirio e Igaratza". Lo hicieron, expusieron, basándose en el Plan que se había aprobado con anterioridad en el seno de la mancomunidad, en las Juntas Generales y en la Diputación. Recordaron, además, que durante todo el proceso administrativo llevado a cabo no hubo "ningún informe técnico ni jurídico desfavorable".
"Los siete representantes municipales hemos sido encausados por una votación. No es aceptable acudir a los tribunales para cambiar decisiones adoptadas democráticamente cuando no son de nuestro agrado", consideraron.
investigación de la fiscalía La Fiscalía para el Medio Ambiente de Gipuzkoa abrió en noviembre de 2016 diligencias de investigación sobre la construcción de una pista de 1,5 kilómetros entre Intzensao y Goroskintxu, en Aralar, tras la denuncia presentada por Eguzki y Landarlan. Ambas entidades consideraron que la construcción de esta pista contraviene la legislación vigente en materia ambiental, ya que desobedecen la Directiva Europea de Hábitats y la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, así como las normativas del Gobierno Vasco.
En su denuncia, los ecologistas y naturalistas aseguraron que existe jurisprudencia que les da la razón, tanto autonómica como de la Audiencia Nacional. La pista se ubica en una Zona de Especial Protección (ZEC) integrada en la Red Natura 2000 de Europa.
