donostia - La Fiscalía y la acusación particular mantuvieron sus peticiones de un año de cárcel para el abogado donostiarra Miguel Alonso Belza, al que reprochan haber quebrantado por segunda vez la orden de protección de su exnovia, tras la denuncia por malos tratos que había interpuesto en su contra.

En el juicio por estos hechos, celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal número 5 de Donostia, la defensa de Alonso Belza (quien había formado parte del Turno de Oficio de Violencia contra la Mujer de Gipuzkoa hasta que estalló este caso) reclamó la libre absolución de su cliente al entender que no vulneró la orden de alejamiento de su excompañera.

Esta orden, dictada en su momento por el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Donostia, impide al letrado aproximarse a menos de cien metros de la perjudicada, así como “a su domicilio, a su lugar de trabajo y a cualquier otro sitio frecuentado por ella de forma habitual”, y le prohíbe comunicarse con su víctima “por cualquier medio, de forma oral, escrita o visual”.

Según la versión de las acusaciones, el procesado habría vulnerado esta orden en al menos ocho ocasiones entre enero y marzo de 2019 en las que habría acudido a un club deportivo de la capital guipuzcoana frecuentado por la víctima, “a sabiendas” de que la orden de protección estaba “vigente” y a pesar de que conocía que, al igual que él, era socia y que iba allí “asiduamente”.

La última de estas situaciones se habría producido el 29 de marzo de 2019 cuando dos ertzainas, que declararon ayer, descubrieron el automóvil de Belza estacionado en las inmediaciones del citado centro deportivo.

En el juicio, la víctima, que testificó tras un biombo para evitar el contacto visual con el acusado, aseguró que era usuaria de todas las instalaciones del citado club, un complejo deportivo que para ella constituía su “punto de referencia de idas y venidas” por Donostia, ya que lo utilizaba tanto para aparcar su bicicleta, como para dejar distintos artículos en su taquilla cuando iba a pasear a su perro por la playa, además de recibir clases de yoga en sus instalaciones.

Distintas rutinas que en ocasiones dejó de hacer, cuando acudía al club y veía la motocicleta o el vehículo del procesado aparcado en las proximidades.

Alonso Belza, quien se acogió a su derecho a no responder las preguntas de la acusación particular, admitió, por su parte, tener conocimiento del auto que le impedía aproximarse a menos de cien metros de su exnovia o a cualquier lugar frecuentado por ella, si bien precisó que las ocasiones en las que él fue a las instalaciones acudió a una parte del complejo que distaba más de 100 metros, en concreto 280, del lugar en el que la mujer recibía sus clases de yoga. Aclaró además que iba allí por razones “terapéuticas” de “rehabilitación” algunos jueves, en los que pensaba que ella no acudía al lugar, para recibir unas clases de una modalidad de deportiva que no se imparte en ningún otro lugar de la capital guipuzcoana.

Concretó, asimismo, que la única ocasión en la que se personó en el club sin que fuera jueves lo hizo para realizar una gestión muy breve que le iba a permitir acceder a las instalaciones tan sólo con su huella dactilar.

El procesado reveló también que el día en el que los agentes de la Er-tzaintza descubrieron su coche aparcado en las cercanías del club deportivo, lo estacionó allí porque había quedado para cenar con dos amigos en el barrio del Antiguo, una zona donde es difícil encontrar un lugar para dejar el coche, versión que fue corroborada posteriormente por estos dos testigos en otro momento del juicio, que quedó visto para sentencia.

Alonso Belza ya ha sido condenado en una ocasión por quebrantar esta orden de alejamiento, en una causa en la que este mismo juzgado le impuso una pena de un año y medio de cárcel que el letrado recurrió en apelación ante la Audiencia de Gipuzkoa por lo que no es firme.

Asimismo, ha sido condenado a penas que suman siete años de cárcel por el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital guipuzcoana por los malos tratos a los que sometió a su compañera y que tampoco es firme, al haber sido recurrida también ante la Audiencia Provincial. - Efe

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