2021, antesala de nuevos escenarios

31.12.2021 | 00:45
Pedro Sánchez recibe al lehendakari en La Moncloa; Arkaitz Rodríguez y Arnaldo Otegi leen la Declaración de Aiete; Jaime Tapia, asesor del Gobierno Vasco para la política penitenciaria; y un Pleno del Parlamento Vasco, donde se han aprobado los Presupuestos para el ejercicio 2022 tras un acuerdo con EH Bildu.

Alianzas de nuevo cuño y competencias largamente reclamadas han llegado a Euskadi en un ejercicio marcado todavía por la pandemia

El año 2021 se despide dejando una sensación de inicio de cambio de ciclo en la política vasca, de antesala de un nuevo escenario. El Estatuto de Gernika ha superado los cuarenta años de vigencia incompleto y en este ejercicio se ha dado un salto cualitativo para su plena aplicación, con traspasos como el de las Prisiones, tan relevante desde el punto de vista simbólico como desde el de la pura gestión de un nuevo y moderno modelo penitenciario. En ese sentido, los presos de ETA son solo la punta del iceberg, los que más titulares acaparan en un reto que, diez años después del fin del terrorismo, va mucho más allá.

Esos mismos reclusos han cerrado el año neutralizando las polémicas en torno a los ongietorris con un llamamiento a la discreción, tras varios episodios muy dolorosos para las víctimas, que llegó poco más de un mes después de que la izquierda abertzale pronunciara de forma solemne la tan largamente reclamada afirmación; la violencia "nunca debió haberse producido".

De forma paralela, Sortu, como fuerza con más peso en EH Bildu, daba un golpe de timón a su estrategia histórica y facilitaba la continuidad de las legislaturas en Nafarroa y en el Congreso de los Diputados. No podía entenderse que en Euskadi no sucediera lo mismo, pese a la enconada rivalidad con el PNV, y así el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha logrado ensanchar la mayoría absoluta de jeltzales y socialistas hasta los 62 escaños de los 75 de la Cámara vasca.

Se ha gestado así en 2020 un escenario inédito en lo presupuestario, un cimiento que da estabilidad a Euskadi en un mundo tan cambiante que incluso exige actualizar los impuestos para modernizar la recaudación en un futuro inmediato marcado también en lo económico por los deseados fondos europeos. Así, este año se ha dado un paso fundamental para modernizar los gravámenes en las diputaciones forales, gracias al acuerdo intergubernamental del pasado mes de julio que incorpora el IVA del comercio electrónico, el impuesto de Transacciones Financieras (Tasa Tobin) y el de Servicios Digitales (Tasa Google) al Concierto Económico.

Si en Euskadi el Gobierno Vasco ha conseguido sobredimensionar los pilares de la legislatura más allá de la mayoría absoluta, en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez ha hecho lo propio persiguiendo un acuerdo con el PNV que aritméticamente no necesitaba pero que le garantiza la interlocución a largo plazo con el que entiende como socio preferente.

Todas estas circunstancias que han marcado el año político han estado marcadas de nuevo por la pandemia, que casi dos años después de su estallido sigue condicionando la vida a la ciudadanía y a quienes han de velar por su salud y seguridad.

El pasado mes de junio, el Parlamento Vasco aprobaba, con los votos de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, la Ley Antipandemia que ha sido necesario aplicar en el cierre del ejercicio ante el espectacular repunte de contagios. A lo largo de todo el ejercicio, el Gobierno Vasco ha tenido que lidiar con la incierta tutela de los tribunales en la difícil gestión de un fenómeno cambiante que exige respuestas ágiles y adaptadas a cada momento.

Transferencias y concierto El 25 de enero, Pedro Sánchez recibía en La Moncloa a Iñigo Urkullu, un encuentro que, además de servir para consensuar estrategias con respecto a la pandemia, dio un impulso a la relación bilateral entre los dos gobiernos en lo filosófico y puso fecha a varios traspasos en lo práctico, entre ellos el de Prisiones. El 16 de abril se llegaba a un acuerdo perseguido durante años por la parte vasca, y el 10 de mayo los entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta; y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka; copresidieron en Bilbao la Comisión Mixta de Transferencias que oficializó la transferencia. El 1 de octubre esta se hizo realidad.

Tras meses de preparación y con patente ilusión, el Gobierno Vasco asumía la gestión de las tres cárceles vascas y casi 700 puestos de trabajo, y se preparaba para poner en marcha un proyecto, Aukerak, llamado a preparar y formar a los presos para la vida laboral una vez que salgan de prisión.

Además, en la comisión de mayo se pactó el traspaso en materia de transportes por carretera de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales relativos a transportes privados, actividades auxiliares y complementarias el transporte, arbitraje y competencia profesional para el transporte y para las actividades auxiliares y complementarias del mismo. También se transferían las funciones correspondientes en materia de otorgamiento de códigos internacionales de identificación de las publicaciones seriadas (ISSN) en relación con empresas y entidades radicadas en el País Vasco, y un edificio en el puerto de Ondarroa que fue anterior sede del Distrito Marítimo.

De forma paralela, el Consejo de Ministros aprobó en noviembre el Proyecto de Ley por el que se modifica el Concierto Económico para dar cumplimiento a lo acordado en la última reunión de la Comisión Mixta. La modificación adoptada permitirá concertar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto de Transacciones Financieras, así como de los regímenes especiales del IVA del comercio electrónico transfronterizo.

Acuerdos presupuestarios Bajo el argumentario de que sostener gobiernos socialistas es la única forma de frenar el ascenso al poder de la creciente ultraderecha española, EH Bildu ha entrado de lleno en la política institucional en los últimos ejercicios negociando y pactando las cuentas tanto del Gobierno de Nafarroa como del de España.

El pasado 6 de noviembre, el Gobierno de Nafarroa que conforman PSN, Geroa Bai y Podemos, y EH Bildu, anunciaban la consecución de un nuevo acuerdo para garantizar la aprobación de los Presupuestos Generales de Nafarroa para 2022. El 22 del mismo mes, Arnaldo Otegi anunciaba el apoyo de los soberanistas a los Presupuestos Generales del Estado que blindaba su aprobación, a cambio de extender la emisión de ETB3 a toda la Comunidad Foral, la suspensión de desahucios a las familias más vulnerables mientras no se les ofrezca una alternativa habitacional o la creación de un fondo de compensación de 25 millones de euros para las víctimas afectadas por el amianto.

Cuando, pocas semanas después, el consejero Azpiazu lanzaba una contraoferta a las peticiones de EH Bildu para respaldar el Presupuesto del Gobierno Vasco para 2022 que superaba en más de 40 millones lo reclamado, la fruta cayó de madura. Los soberanistas anunciaron un acuerdo que, según dijo Azpiazu en la Cámara el pasado día 14, supone "la apertura de un camino y la antesala, quizás, de otros acuerdos".

La pandemia El 2021, como el 2020, ha estado marcado desde el punto de vista de la pandemia por los pulsos entre el Gobierno Vasco y la Justicia, y más en concreto con el juez Luis Garrido, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Tras suspender el recorte del horario de los locales de ocio nocturno a la 1.30 horas y rechazar la autorización para limitar las reuniones sociales a seis personas en 2020, en 2021 reabrió los bares en zona roja, con una incidencia acumulada superior a 500 por 100.000 habitantes; y vetó el toque de queda, los cierres perimetrales y las limitaciones de los encuentros a cuatro personas tras decaer el estado de alarma en mayo.

Suya fue también la decisión de liberar de la mascarilla a quienes acudían a la playa o la piscina en verano, o la elevación del aforo máximo en los estadios del 30% que quería el Ejecutivo vasco al 60% del Consejo Interterritorial.

Las tornas cambiaron el pasado mes de noviembre, cuando Garrido se posicionó a favor del Gobierno Vasco, contra el criterio de sus compañeros de sala, a favor del pasaporte covid. Dicho documento formaba parte del paquete de medidas que el gabinete Urkullu ponía en marcha a raíz del repunte de la pandemia, y que suponían la entrada en vigor de la Ley Antipandemia. Dicho texto salió adelante en junio con los votos de PNV y PSE, socios de gobierno, y el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU; con el fin de dotar de seguridad jurídica a las medidas para hacer frente al covid-19.

Sortu y los presos Diez años después de que ETA anunciara el cese definitivo del terrorismo los movimientos para dar un paso adelante se precipitaban en el seno de la izquierda abertzale. El Gobierno español iba demostrando con hechos la normalización de la política penitenciaria, y en el Congreso de los Diputados EH Bildu trabajaba con el resto de grupos sin ningún tipo de cordón sanitario a la izquierda del PP. Lo que no cedía era la exigencia de una petición de perdón, la aceptación de que la violencia nunca tuvo justificación, y el fin de los ongietorris.

El 18 de octubre, en un acto solemne con el simbólico palacio de Aiete de Donostia como marco, el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez; y el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, leían una declaración que ratificaba "el compromiso con vías exclusivamente pacíficas y democráticas", trasladaba el "pesar y dolor" de la izquierda abertzale "por el sufrimiento padecido" por las víctimas de ETA y manifestaba que ese daño "nunca debió haberse producido".

Escasas horas después, Otegi aseguraba ante un auditorio simpatizante que "si para que salgan los 200 presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos"; y lanzaba así una sombra de tacticismo sobre la recién pronunciada declaración.

El 29 de noviembre era lo que queda de ETA, su colectivo de presos, el que daba un paso inesperado que descolocó a muchos actores políticos. El EPPK pedía a familiares y amigos que se les reciba al salir de prisión "de modo privado y discreto", con el fin de "aliviar todo sufrimiento y abrir nuevas opciones, ir sanando heridas y fortalecer la convivencia entre la ciudadanía vasca". El anuncio fue una "victoria ciudadana" para la Fundación Fernando Buesa y las asociaciones Gogoran-Memoria Digna y Elkarbizi, si bien Covite y la AVT consideran que obedece a un "cálculo estratégico".

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