La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha puesto fin al embrollo jurídico y político y ha decidido retirar el escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo (TS) por pegar a un policía en 2014 durante una manifestación en La Laguna. De esta forma se ha plegado a las tesis del presidente de la Sala Segunda del TS, Manuel Marchena, desoyendo los criterios de los letrados de la Cámara baja. El magistrado había remitido un escrito a Batet después de que el jueves, en una tensa reunión de la Mesa del Congreso, la mayoría que suman PSOE y Unidas Podemos acordara solicitar al Supremo una aclaración sobre si Rodríguez debía ser suspendido, ante la confusión generada por las discrepancias entre los letrados, que emitieron un informe asegurando que el dirigente morado podía mantener su condición de diputado. Minutos antes de la resolución final, Pedro Sánchez había evitado pronunciarse y se puso de perfil.
El parlamentario de Unidas Podemos fue condenado a pagar una multa de 540 euros e indemnizar a un agente de la Policía Nacional por darle una patada . Su condena era de mes y medio de prisión pero el Código Penal obliga a sustituir automáticamente esas condenas por una multa. Lo que no quedó sustituido fue su condena de inhabilitación de sufragio pasivo.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha calificado este hecho como "prevaricación" y ha acusado al TS de presionar a Batet para quitarle el escaño pese a que "ambos sabían" que esa inhabilitación no es lo que dice la sentencia. La líder morada ha criticado que el ya exparlamentario fuera condenado por un delito de atentado a la autoridad pese a "las pruebas que demuestran que él no estuvo allí".
Poco después de las palabras de Belarra, el partido morado anunciaba que interpondría una querella contra la presidenta del Congreso por un presunto delito de prevaricación. "La presidenta del Congreso conoce la sentencia y sabe que la inhabilitación de Alberto Rodríguez era para ser elegido en unas próximas elecciones durante 45 días, lo que en ningún caso implica perder el escaño", argumentan en Unidas Podemos.
Informe de los letrados
De hecho, los servicios jurídicos argumentaban que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que el diputado morado perdiera el escaño, no llegó "a nacer en ningún momento" al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.
La Mesa del Congreso analizó ese informe en su reunión del pasado martes, un documento en el que PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara, se apoyaron para mantener en su escaño a Rodríguez. El PP y Vox protestaron al entender que la condena del Supremo era clara y que lo único que debía hacer la presidenta es ejecutarla y no "interpretarla".
Un día después de que la Mesa se posicionara, el juez Marchena, dirigió un oficio a Batet pidiéndole que remitiera al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.
Aclaraciones
Este oficio llevó a la presidenta de la Cámara a reunir de nuevo el jueves por la tarde al órgano de gobierno de la Cámara. En esa cita, Batet trasladó a sus compañeros que interpretaba que el Alto Tribunal estaba pidiendo que el Congreso inhabilitara a Rodríguez, pero les consultó la conveniencia de pedir aclaraciones al Supremo sobre los efectos de la sentencia.
Mientras que el PP y Vox insistían en que no hacían falta más aclaraciones, los representantes del PSOE y Unidas Podemos se posicionaron a favor de solicitar detalles al Alto Tribunal, decisión que finalmente acabó adoptado Batet al término de la reunión de la Mesa, dado que es ella era la competente para dar respuesta al oficio.
La contestación a esa solicitud tardó apenas unas horas. Este mismo viernes, Marchena respondía a Batet que descartaba cualquier error en la sentencia, que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria "obligada" y que el Supremo no está para asesorar a otros órganos del Estado.
Apenas unas horas después, la presidenta del Congreso ha resuelto ejecutar la sentencia poniendo fin al conflicto abierto con el Tribunal Supremo.
"El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación", ha lanzado la titular de Derechos Sociales.
A su vez, el portavoz de Unida Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha tildado de "vergüenza" que la presidenta del Congreso haya cedido a las "presiones" del presidente de la Sala Segunda del alto tribunal, Manuel Marchena, y "de la (ultra)derecha política y mediática que pedían sangre", "aún a riesgo de prevaricar". "Vergüenza", ha añadido.
"Muy grave que Batet ceda a las presiones"
La coportavoz de la formación morada, Isa Serra, ha calificado de "muy grave" que Batet ceda "a las presiones del Poder Judicial". "El Supremo interviniendo el Congreso y arrebatándole representantes a la ciudadanía. Esto no es contra Alberto o contra UP, es contra la democracia y nos jugamos demasiado", ha proclamado.
Su homólogo en Podemos, Pablo Fernández, ha calificado de "lawfare" (concepto anglosajón que alude a la guerra judicial con fines políticos) lo ocurrido. "Golpes de Estado blandos. Prevaricación. La democracia española en jaque", ha apostillado.
El coordinador de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, ha tildado de "escándalo" la "cacería" contra Alberto Rodríguez, lo que supone un "ataque sin precedentes en nuestra democracia".
Iglesias y Monedero critican la decisión
El exvicepresidente y exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha cargado también contra la decisión de la presidenta del Congreso, que adopta contra el criterio de los letrados de la cámara y tras las "presiones de (Manuel) Marchena y la derecha". "Como en la República de Weimar, el monstruo avanza con aliados", ha advertido.
Mientras, el cofundador del partido y politólogo, Juan Carlos Monedero, ha espetado que "hay que ser muy impresentable" para quitarle el escaño a Rodríguez y ha dicho a Batet "hace lo mismo que ha hecho la socialdemocracia a lo largo de la historia cuando la cobardía ha vencido a la dignidad".
Esta tarde Unidas Podemos había exigido a Batet que no hubiera respuesta institucional sobre el futuro de Rodríguez hasta que no se reuniera el próximo martes la Mesa de la cámara ante la "gravedad" del nuevo escrito del Tribunal Supremo.
El secretario primero de la Mesa y diputado de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, subrayó ayer que privarle de su condición de parlamentario implicaría tener que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), dado que se habría incurrido en una clara "prevaricación", una "barbaridad" y una "vergüenza" para España.
