- En 2018 un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Juan Ignacio Cosidó, jactándose de controlar “por detrás” -con el nombramiento de Manuel Marchena- la sala más delicada del Tribunal Supremo impidió la renovación y desembocó en la renuncia de Marchena. Todo parecía encarrilado para el acuerdo el pasado febrero. Pero los conservadores se negaron a aceptar las propuestas de Podemos para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la violencia machista, y el magistrado Ricardo de Prada, quien ya fuera propuesto por el PSOE y a quien se le atribuyen los pasajes de la sentencia del caso Gürtel que dieron por acreditada la caja B del PP y que provocaron la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Durante los más de dos años y medio de mandato prorrogado, el CGPJ ha acordado en funciones 74 nombramientos en la cúpula judicial, 21 de ellos en el Tribunal Supremo, donde se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años. Es este precisamente el mayor punto de pulsión con el Ejecutivo de Sánchez, que siempre ha manifestado que un Poder Judicial caducado debería haberse limitado a decidir sobre cuestiones de gestión. El CGPJ, con el respaldo de 16 de sus 21 miembros, acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés y ambos partidos reclamaron “respeto” a su capacidad de legislar. Previamente, los socios de coalición habían registrado otra proposición con la que pretendían rebajar la mayoría requerida para renovar el CGPJ y así forzar su renovación sin el PP. Pero este propósito fue cuestionado no solo por socios del bloque de la investidura, sino por la Comisión Europea, el Consejo de Europa, y tres de las cuatro asociaciones judiciales y fue retirado solamente una semana después.

Podemos se ha mostrado recientemente partidario de retomar esta iniciativa”. Sería lógico y adecuado modificar esas mayorías para adaptarlas a la realidad actual y a la realidad del Congreso y así poder desencallar la situación”, entienden.