atalunya va camino del trimestre desde que Pere Aragonès tomó posesión como president, periodo en el que ha tratado de imprimir un sello más posibilista que su antecesor, Quim Torra, aparcando la vía unilateral y dando fuelle a una mesa de diálogo con el Estado de la que recela JxCat. Facilitada por los indultos a los nueve presos del 1-O, este foro bilateral es uno de los factores que determinará el éxito o el fracaso del mandato del líder de ERC, en una legislatura que podría volver a caer en una espiral de tensión si el diálogo no da frutos. Estos son los cinco retos que marcarán la trayectoria del Govern en los próximos meses:

En junio, cuando los indicadores del covid parecían dar cierta tregua, el Govern levantó algunas restricciones -permitió abrir locales de ocio nocturno y autorizó la celebración de festivales de música-, pero dio marcha atrás pocas semanas después, cuando Catalunya ya encabezaba rankings de contagios en Europa. Con los hospitales tensionados y las UCI de nuevo llenas pese al buen ritmo del proceso de vacunación, el Ejecutivo afronta el desafío de reducir los contagios antes del inicio del curso escolar. Los comunes han pedido la comparecencia del vicepresident, Jordi Puigneró, por una polémica foto en la que aparecía sin mascarilla junto a una veintena de amigos -entre ellos el expresident Carles Puigdemont- en la “paella de verano” que organiza la periodista Pilar Rahola, celebrada en el sur de Francia, aunque sin atender las restricciones sanitarias de la Generalitat.

Puigneró fue protagonista del pacto con el Gobierno para la ampliación del Aeropuerto de El Prat, proyecto controvertido porque puede conllevar alargar 500 metros la tercera pista, lo que supondría invadir el estanque de La Ricarda, en el Delta del Llobregat, un espacio protegido por la red europea Natura 2000. Los planes de ampliación generan reticencias en sectores de ERC y JxCat y suscitan el rechazo frontal de la CUP, socio con el que espera aprobar los Presupuestos de 2022 -que debe presentar en otoño-, por lo que Aragonès tendrá que hacer equilibrios para evitar que se le complique la estabilidad parlamentaria.

Una parte fundamental de la estrategia de Aragonès pasa por rebajar la tensión con el Gobierno de Sánchez, desmarcarse de la idea de “confrontación” que recetaba Torra y obtener éxitos tangibles en la gestión del día a día de las competencias . En la Comisión Bilateral Estado-Generalitat se acordó crear en octubre un grupo de trabajo para estudiar 56 traspasos reclamados por el Ejecutivo catalán. Para evitar ser acusado desde las filas independentistas de volver a la política pujolista de peix al cove (pájaro en mano), Aragonès ha avisado que los traspasos que se acuerden no pueden ser “moneda de cambio” para rebajar las reivindicaciones nacionales.

A mediados de septiembre está previsto que se reactive la mesa de diálogo con Moncloa, pactada por ERC y el PSOE en 2020 pero que solo llegó a reunirse una vez, justo antes de la pandemia. ERC quiere forzar a Sánchez a negociar la amnistía y el referéndum, aunque el Gobierno ha advertido que solo explorará soluciones que respeten el Estatut y la Constitución, lo que ha llevado a JxCat a redoblar su escepticismo. Junts, partidaria de una “confrontación inteligente”, no quiere esperar dos años para plantear una alternativa, que podría implicar retomar la vía unilateral, lo que puede generar tensiones con ERC.

Ambos socios se han propuesto trabajar discretamente para pactar una hoja de ruta para continuar el procés si no es posible un referéndum pactado. Acordaron crear un “espacio de coordinación, consenso y dirección estratégica” integrado por ERC, JxCat, la CUP, la ANC y Òmnium. Si ERC y JxCat no consiguen reconducir sus divergencias -los Presupuestos Generales del Estado pueden ser otro motivo de choque-, el Govern puede sufrir turbulencias a mitad de legislatura.

Los planes de ampliación del aeropuerto de El Prat chocan con la CUP, socio que puede complicar su estabilidad si no valida los presupuestos

Para no ser acusado de volver al ‘pujolismo’, Aragonès avisa a Pedro Sánchez de que los traspasos competenciales no son “moneda de cambio”