- El Congreso de los Diputados someterá hoy a votación las enmiendas a la totalidad que han registrado el PP y Vox a la propuesta del PNV, que pretende derogar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía. Ese recurso previo impide que un nuevo estatuto pueda entrar en vigor hasta que el Constitucional resuelva, y tampoco se puede someter a votación en referéndum entre los ciudadanos. PP y Vox piden mantener este recurso y, además, la ultraderecha de Santiago Abascal lo hace dejando al descubierto sus intenciones de tumbar en lo posible el nuevo estatus de autogobierno que se apruebe para Euskadi. Pero no solo se centra en ese debate. También amenaza los futuros proyectos de ley orgánica del Gobierno español de Pedro Sánchez, porque plantea recuperar este recurso previo igualmente para controlar esas normas, como hiciera en el pasado Alianza Popular obstaculizando las propuestas de los ejecutivos que no eran de su cuerda. Deja ver que esta herramienta, en sus manos, se convertirá en un ariete político.

Vox pide mantener el recurso previo porque en la génesis del nuevo estatus vasco “puede presumirse que el contenido de esta eventual nueva norma institucional básica, en el caso de que prosiga su tramitación, será a buen seguro contrario a la Constitución y, consecuentemente, vulnerará la unidad y la integridad territorial de España”. Cree que el PNV pretende eliminar “obstáculos” al nuevo estatus, y Vox pone ya el foco en que en ese debate han surgido planteamientos como que “el pueblo vasco es una nación”, “Euskal Herria es un pueblo con identidad propia”, o “el derecho a decidir” y la posibilidad de una consulta ciudadana no vinculante. “Es evidente que la Constitución debe disponer de medios suficientes para protegerse de las agresiones”, zanjan.

El PP quiere mantener el recurso contra los estatutos porque “deben estar sujetos a la Constitución”, y también la opción de que el Constitucional sancione a los cargos que ignoren sentencias, por ejemplo, con la suspensión en su puesto. El recurso previo se recuperó tras la polémica del Estatut, para no dar margen a que se repita el problema político de tumbar un texto votado ampliamente por los ciudadanos.