- El lehendakari Urkullu y el presidente Sánchez mantienen viva su discrepancia sobre la gestión del coronavirus con el estado de alarma o sin él. Pero, en paralelo a este importante desencuentro, ambos gobiernos están encarrilando esta semana otros compromisos que se estaban acumulando en la carpeta de La Moncloa y que Lakua llevaba años exigiendo. En concreto, están recuperando espacios de bilateralidad. Tras cuatro años en el congelador, el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidirán el próximo 18 de junio en Madrid una reunión de la Junta de Seguridad.

Es un encuentro que desde el Ejecutivo vasco valoran como un “paso importante” para avanzar en la coordinación policial entre la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Erkoreka quiere poner sobre la mesa cuestiones concretas como la autorización para el uso de drones, donde reivindica y exige la competencia de la Ertzaintza para aquellas labores que en el Estado tiene asumidas la Guardia Civil.

El viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, y el secretario de Estado del ramo, Rafael Pérez, concretaron ayer este compromiso en la reunión de la Comisión Permanente de Coordinación del País Vasco, que también cerró el orden del día del cónclave. La cita de junio en Madrid la presidirán Erkoreka y Marlaska. Esa reunión supondrá reactivar un foro de relación bilateral, especial y recogido en el artículo 17 del Estatuto de Gernika porque la Ertzaintza es una policía integral.

Este foro, además, celebró su última reunión el 9 de julio de 2017, durante el mandato de Mariano Rajoy como presidente español, y el clima de agitación en el Estado desde la moción de censura, los ciclos electorales y la llegada del coronavirus no han ayudado a su convocatoria. Con la pandemia, Sánchez decretó el estado de alarma y asumió un mando único en sus primeras fases con Marlaska como una de sus autoridades. La necesidad de convocar la Junta de Seguridad antes del verano fue la demanda prioritaria que trasladó Erkoreka a Marlaska en la reunión que mantuvieron en Gasteiz el pasado mes de febrero.

Este compromiso es el resultado de la presión del Ejecutivo vasco para recuperar espacios de bilateralidad por la singularidad vasca. Llega después de la histórica firma de la transferencia de las prisiones a suelo vasco el pasado lunes, un compromiso que se materializa cuatro décadas después de aprobar el Estatuto de Gernika. La reunión fue satisfactoria para la parte vasca, porque el ministro Iceta se comprometió también a que la Comisión Mixta de Transferencias funcione con fluidez, con rendimientos semestrales y con una nueva reunión antes de que acabe el año, donde confía en ceder el Ingreso Mínimo Vital. Ahora se suma la Junta de Seguridad de junio.

Para completar el trípode, falta la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico. La consejería de Hacienda que dirige Pedro Azpiazu está trabajando con el Gobierno español para que se reúna también en junio. Cree que no se puede demorar más porque tienen que concertar nuevos impuestos como las tasas Google y Tobin, el IVA OSS y los impuestos medioambientales que entrarán en vigor en verano, como el que grava los residuos plásticos. También tienen que pactar las cifras de déficit y deuda para las instituciones vascas, necesarias para redactar las directrices presupuestarias de 2022. La Comisión del Concierto es el órgano específico para las instituciones vascas por su raíz foral y autonomía financiera.

Erkoreka avanzó en una entrevista concedida a este periódico y volvió a citar nuevamente ayer en Radio Euskadi que planteará mecanismos efectivos de coordinación entre las fuerzas policiales para abordar los nuevos asuntos que han surgido, como la competencia sobre los vuelos de los drones. El Gobierno Vasco asegura que, en el Estado, fuera de los recintos aeroportuarios, la competencia la tiene asumida la Guardia Civil, y que, en Euskadi, debería ser la Er-tzaintza y plasmarlo por escrito. Además, dejó ver que su grado de satisfacción con el cumplimiento real de los acuerdos alcanzados en la última reunión de la Junta de Seguridad dista de ser óptimo. “Tenemos acuerdos adoptados en la última Junta de Seguridad cuya ejecución está siendo leal, pero puede ser mejorable”, dijo en la radio pública vasca.

Los problemas más comunes y de cierto componente político que llevan arrastrándose durante años se refieren a la coordinación en los controles de carretera, donde el Gobierno Vasco ha denunciado algunas invasiones competenciales de la Guardia Civil; y también las tasas de reposición que han encorsetado las ofertas públicas de empleo. En el caso de la Ertzaintza, se alcanzó con Rajoy un acuerdo que permitió desbloquear las OPE y acercarse a la cifra de 8.000 ertzainas pactada en la Junta. Otros asuntos de simbolismo político hacen referencia a la petición de que la Ertzaintza tenga presencia en Europa, en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior.

Los nuevos retos tienen que ver con el uso de drones, la cooperación transfronteriza y las vigilancias en la muga, que la Ertzain-tza pueda acceder a las bases de datos europeas sobre ADN y métodos de inteligencia artificial como el reconocimiento facial, acceder a los datos de Europol e Interpol, y coordinarse en nuevos delitos como la ciberdelincuencia, entre otras cuestiones. La Junta de Seguridad también podría dar la oportunidad para abordar algunas transferencias pendientes sobre los servicios privados de seguridad, el salvamento marítimo y los servicios de meteorología.

El PNV ha apretado estos días por boca de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, para que se convoque la Comisión Mixta del Concierto Económico y se transfieran también competencias como el Ingreso Mínimo Vital, además de acelerar obras en infraestructuras que no terminan de concretarse aunque lleven años pactadas. Los jeltzales son socios prioritarios del presidente español, quien necesita sus votos para que la legislatura aguante, en principio, hasta 2023, según las últimas intenciones declaradas en público por los portavoces socialistas. Sánchez espera aprovechar el impulso de los fondos europeos.

A la reunión preparatoria de la Junta de Seguridad acudieron también ayer por parte del Gobierno Vasco los directores de Coordinación de Seguridad, Aitor Lete, y de la Er-tzaintza, Rodrigo Gartzia; y desde el Gobierno español asistieron el delegado Denis Itxaso, y el director general de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez. Esta cumbre dejó encarrilados los asuntos que se abordarán y que podrían quedar aprobados y acordados el 18 de junio.