- Las próximas horas serán decisivas para conocer si el Gobierno español ha ofrecido a las comunidades autónomas una vía muerta. Por ahora, las sensaciones no son nada buenas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez confirmó ayer en Consejo de Ministros que no decretará la prórroga del estado de alarma que le pedía el lehendakari, ni tampoco activará una reforma legal que dé cobertura a las comunidades para mantener el domingo, cuando está previsto que expire ese paraguas, medidas como el toque de queda nocturno, los cierres perimetrales y la limitación del número de personas en las reuniones para frenar el coronavirus. Se ha puesto de perfil y ha realizado un movimiento de mínimos: invita a las comunidades a aprobar medidas y les ofrece, a través de un real decreto, la opción de recurrir en casación al Tribunal Supremo si el Tribunal Superior de Justicia correspondiente las tumbara.
El panorama se ha torcido de manera considerable en las últimas horas y se complica la posibilidad de mantener las limitaciones de movilidad. Ese tribunal ya frenó en su momento la intención de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas y, además, ayer se conoció que Baleares, del propio PSOE, ha sometido el toque de queda a consulta en su tribunal superior de justicia, y ha sido la propia Fiscalía quien ha emitido un criterio negativo. El Gobierno español había prometido facilidades o, incluso, que la Abogacía del Estado podía acompañar a las autonomías con un recurso. El Supremo tendrá cinco días hábiles para decidir sobre un caso, un plazo laxo porque la decisión podría llegar tarde.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto, una opción de mínimos sobre la que ya informó este periódico. El Gobierno Vasco admite que esta vía no es la que pedía el lehendakari y cree que el escenario se complica en puertas de aprobar el decreto previsto para el viernes. Urkullu quiere mantener el mayor número posible de medidas entre cuatro y seis semanas, y hacerlo con todas las garantías jurídicas. El portavoz Bingen Zupiria no aclaró si están sondeando al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y apeló a la discreción y la colaboración entre instituciones. La situación es delicada para la comunidad, que se ha visto especialmente perjudicada por decisiones contrarias del juez Garrido ante la limitación de reuniones a seis personas o el cierre de bares en zona roja. Le quedaría acudir al Supremo y, en el peor de los casos, limitarse a controlar los horarios y aforos de los bares y los centros comerciales, lo que no impide la celebración de botellones o el ocio nocturno en viviendas. El Gobierno Vasco no concretará las medidas hasta el viernes, hasta conocer con seguridad hasta dónde puede llegar, aunque el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, reveló ayer que Urkullu le ha confirmado su intención de mantener el cierre perimetral. Parece ser que la medida más difícil de mantener será el toque de queda, cuando el lunes se deslizaba lo contrario desde el Estado.
La vicepresidenta española Carmen Calvo defendió que el control judicial es necesario a la hora de restringir derechos fundamentales, y vio en el Supremo la virtud de que va a "unificar", aunque hay quien se lo cuestiona porque tendrá que valorar la situación del virus en cada zona y si la medida es proporcional. Quedará en manos de la sala tercera, la sala de lo contencioso-administrativo que dirige César Tolosa Tribiño, quien ha defendido que la legislación sanitaria está obsoleta y necesita una revisión. Algunas fuentes señalan que el tribunal está controlado por jueces conservadores y es difícil que el PSOE haya podido apalabrar nada, algo que tampoco podría reconocer en público porque supondría faltar a la independencia judicial.
Calvo puso en valor que resolverá los recursos en cinco días hábiles, un plazo poco ágil para una pandemia. A su juicio, los tribunales han respaldado a las autonomías en la mayor parte de casos. Emplazó a las comunidades a "fundamentar" sus decisiones en los datos del virus, y defendió que este plan es una red de "seguridad y tranquilidad" y "un instrumento de ayuda, también para el País Vasco". Lo presentó como una decisión que respeta al poder judicial y la territorialidad, lo que no oculta el desaire al PNV, socio prioritario en el Congreso. La sensación de embrollo es generalizada. El Parlamento Vasco debe aprobar a finales de junio la Ley Antipandemia, y esta situación añade incertidumbre.
El Gobierno español desveló sus intenciones el mismo día de las elecciones en la Comunidad de Madrid. Su propuesta no tranquiliza a las comunidades. Territorios como Cantabria lamentaron que no soluciona nada, Galicia volverá a pedir desde su Parlamento una reforma, y Andalucía criticó que Sánchez "pase la pelota". El Govern catalán, en una muestra del enredo actual, sondeó en privado a su tribunal superior sobre el toque de queda y no tuvo respuesta.
La situación ha dado un giro y, tras especular los socialistas con una decisión que salvara el toque de queda como pedían comunidades del PSOE, y que tumbara por el contrario los cierres perimetrales para incentivar el turismo, Moncloa apunta en sentido opuesto. Sánchez lo fía todo al Supremo, que suspendió cautelarmente en febrero el toque de queda a las 20.00 horas en Castilla y León, con el argumento de que los límites horarios estaban fijados en el real decreto de alarma (que permitía adelantarlo como mucho a las 22.00 horas), y que esa cuestión afectaba a un "derecho fundamental susceptible de amparo constitucional". Añadía que la decisión se había tomado desde un órgano "manifiestamente incompetente". Este tribunal sí mantuvo el cierre perimetral en el puente de San José y en Semana Santa en la Comunidad de Madrid invocando la salud frente a un recurso de Vox, pero tenía el colchón de la alarma y el apoyo de Sánchez. La atención está en Baleares y en la decisión que tome antes del viernes su tribunal. La Fiscalía niega al Govern competencias para mantener el toque de queda y limitar las reuniones en domicilios.
César Tolosa. El Consejo de Ministros aprobó ayer por real decreto la reforma que permite acudir en casación al Supremo y que resuelva en cinco días. La sala de lo contencioso administrativo la preside César Tolosa. Ayer preocupaba también si este recurso abre la vía a que cualquiera pueda recurrir en sentido contrario, como la hostelería.
