- La ausencia de movimientos de Pedro Sánchez para mantener el estado de alarma a partir del 9 de mayo o activar una percha legal alternativa ha provocado que las comunidades autónomas perfilen, cada una a su medida, decretos o pronunciamientos para conservar las medidas que consideren oportunas más allá de esa fecha. Por ejemplo, Catalunya ha matizado en las últimas horas que va a preparar un decreto sobre el toque de queda, aunque finalmente cree que no tendrá que aplicarlo y lo hará por tener esa bala en la recámara; mientras que varias comunidades socialistas apuntan con claridad a que esa medida es clave para ellas.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, propuso ayer que se pueda levantar el cierre perimetral de la comunidad a partir del domingo, pero espera seguir contando con el toque de queda, aunque sea más laxo. A finales de semana se reunirá la Comisión Interdepartamental para decidirlo.

Desde Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page anunció igualmente que el cierre perimetral terminará en su comunidad, pero se mantendrá el toque de queda a las 23.00 horas. Pedirá, no obstante, un "paraguas constitucional" que permita a las comunidades tener "un equilibro prudente entre las medidas de restricción y la apertura hacia la vida normal". En Nafarroa no sienten tanta presión con el cierre perimetral y no aclaran qué harán porque el Tribunal Superior de Justicia navarro ya avaló el año pasado esa medida en una decisión pionera, y la preocupación se centra, también, en el toque de queda nocturno.

En el caso de Catalunya, el Govern en funciones formado por Junts y ERC ha anunciado ya que no prevé mantener el toque de queda. En principio, se descarta hacerlo si los datos del virus evolucionan como hasta ahora. En sendas entrevistas en Ràdio4 y La2, la portavoz Meritxell Budó aseguró que no alargarán lo que no sea necesario, aunque quieren aprobar un marco normativo para poder aplicar restricciones si los datos empeorasen. En concreto, prevén aprobar ese texto hoy, y los servicios jurídicos lo han abordado con el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para garantizar su viabilidad en el caso de que fueran necesarias las medidas.

La Junta de Andalucía, gobernada por la derecha española, abordará este miércoles en el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto las medidas que se pueden mantener. El vicepresidente Juan Marín lamentó que lo debería hacer el Gobierno español, y que todo lo referido a la libre circulación de ciudadanos no lo van a poder decidir los responsables autonómicos, sino que va a tener que ser un juez "el que decida esto". Sí matizó que podría ser posible que, si existe una situación de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en un municipio, la Junta decrete el confinamiento y eleve la propuesta al tribunal superior, que "este lo eleve a una sala y diga si se puede mantener la restricción". Sobre la posibilidad de pedir el estado de alarma para Andalucía, dijo que no están en una situación que les obligue a tomar esa decisión, y volvió a remitirse a la posibilidad de aplicar "una restricción muy concreta o específica en cualquier municipio, que va a tener que pasar por una decisión judicial".

Otra comunidad gestionada por PP y C's, Castilla y León, decidirá el jueves, en Consejo de Gobierno, qué medidas adopta. Le preocupan el fin del cierre perimetral y del toque de queda nocturno, que puede propiciar botellones. Los servicios jurídicos estudian los horarios de bares y comercios como única vía.