- Pedro Sánchez quiere que el 9 de mayo sea el “punto y final” del estado de alarma y que a partir de entonces sea el Consejo Interterritorial quien tome las decisiones, aunque no fue claro en si este Consejo, en el que está representado el Gobierno y las comunidades, pueda tomar medidas de restricción de la movilidad. El jefe del Ejecutivo español puso en valor la cogobernanza y el sistema de codecisión que se ha estructurado en el Consejo de Política Interterritorial y que, a su juicio, supone el “corazón de la respuesta” a la pandemia del coronavirus desde la segunda ola, en particular en la tercera y, según dijo, “se verá en la cuarta ola si finalmente se produce”.

Sánchez reconoció que el estado de alarma plantea dos instrumentos fundamentales como son los cierres perimetrales en las comunidades y las provincias, los confinamientos totales o la restricción de movilidad nocturna, lo que se ha “mal llamado”, según el líder socialista, el “toque de queda”. Pero se mostró confiado en que la realidad epidemiológica y el proceso de vacunación -con 33 millones de personas vacunadas a finales de agosto- den los instrumentos y las herramientas suficientes a ese Consejo de Política Interterritorial en el ámbito de la sanidad para seguir respondiendo con eficacia.

No obstante, defendió que las medidas que adopte este Consejo serán de obligado cumplimiento y recordó que así lo han decidido los tribunales cuando algunos grupos han presentado recurso contra sus decisiones. Y lo han manifestado “a través de cautelares y cautelarísimas”. “La propia judicatura nos está dando una respuesta de que el Consejo Interterritorial, en todos los acuerdos que se enmarquen en él, puede contar con la validación de la Justicia”, recalcó Sánchez.

Por su parte, los partidos políticos abogaron por medidas de consenso con las comunidades para hacer frente a la expansión del covid-19 frente a la fórmula actual del estado de alarma, y algunas formaciones como PP y Ciudadanos insisten en no seguir limitando derechos. Por su parte, los juristas avisan de que con el fin del estado de alarma se acaba el cierre de fronteras entre comunidades y el toque de queda, ya que son restricciones que afectan a derechos fundamentales. No obstante, indican que para situaciones graves pueden llegar a limitar derechos fundamentales pero solamente en casos muy definidos e individualizados valiéndose de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986.

Los expertos indican que sí que podrían verse aún cierres perimetrales, pero serían de zonas sanitarias, barrios o como mucho de ciudades, nunca de toda una comunidad autónoma. Además, esos cierres que se adoptarían por decreto tendrían que contar con el aval de los tribunales. De esta forma, señalan que se vuelve a la situación que se vivió el verano pasado, y que las administraciones autonómicas sí que podrían por ejemplo restringir horarios comerciales y de hostelería. Por su parte, desde las asociaciones judiciales señalan que las comunidades autónomas pueden ordenar restricciones por razones de salud pública, pero siempre que no afecten a los derechos fundamentales. Aunque tienen claro que se generarán contradicciones.

“Sin contrastar” A través de las redes sociales , el lehendakari Urkullu lamentó que Sánchez haya anunciado el fin del estado de alarma sin contrastarlo con las comunidades autónomas. Urkullu afirmó que el fin del estado de alarma es un “deseo compartido por toda la sociedad, pero sujeto a condicionantes imprevisibles”, como la evolución de la pandemia y de la vacunación contra la covid. Advirtió que este tiempo será “complejo de gestionar” y que “siempre” estará sujeto a “la evolución de la pandemia”.