- Crecen los nubarrones en el horizonte que había diseñado el Gobierno español para garantizarse el control en el reparto de los fondos europeos. El Ministerio de Hacienda ya se ha visto obligado a ceder y retirar un primer reglamento de votación ante el amplio rechazo que había provocado entre las autonomías. Tuvo que guardar en el cajón el reglamento que le garantizaba tantos votos como las comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla (19), además del botón rojo del desempate, lo que convertía la votación en un trampantojo o una mera apariencia con el resultado asegurado de antemano. En paralelo, se acumulan los pronunciamientos de la Unión Europea a favor de que las comunidades autónomas tengan un papel más allá de lo testimonial en el reparto de los fondos, donde el Estado tiene preasignados 70.000 millones, de los cuales las instituciones vascas aspiran a captar 5.700 para proyectos punteros relacionados con el hidrógeno verde o el coche eléctrico, entre otros. Estos hitos, sumados a la tensa votación del decreto en el Congreso, con el rechazo de ERC y el apoyo muy crítico del PNV, abocan a Sánchez a continuar por la senda de la rectificación para no quedarse solo.
En las últimas horas, la Comisión Europea ha pedido al Estado que coordine los fondos del coronavirus (los fondos ahora en disputa, encuadrados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el MRR) y los fondos Feder, en los que, por ejemplo, las instituciones vascas gestionan el 65% con su propio plan operativo. Pero, además, las directrices europeas están ya por escrito a falta de su aprobación final en la Eurocámara, probablemente en febrero. El borrador europeo del reglamento del MRR, pactado en diciembre, estipula en su considerando 16.f que “las autoridades regionales y locales pueden considerarse como socias importantes; en ese sentido, deberían ser convenientemente consultadas e implicadas, de acuerdo con el marco legal nacional”. En el caso del Estado español, no hay duda sobre el marco legal, en la medida en que se trata de un Estado autonómico descentralizado. Además, este precepto no habla solo de consultar, sino de “implicar”, y de hacerlo “convenientemente”.
Estas directrices añaden presión al Gobierno español, que pierde argumentos en su pugna con las comunidades autónomas y, además, se arriesga a entrar en contradicción con el reglamento de Europa, que al fin y al cabo es quien abre el grifo del dinero y va a supervisar su uso. El camino comienza a hacerse cuesta arriba para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La semana pasada, en la sesión constitutiva de la conferencia sectorial con las comunidades para debatir un reglamento estatal, la ministra había negado al consejero de Hacienda vasco, Pedro Azpiazu, que pudiera implementarse un sistema parecido a los fondos europeos Feder de cohesión para el desarrollo de las autonomías y regiones, donde Euskadi gestiona el 65% y el restante 35% lo decide el Estado. Azpiazu no lo solicitaba solo para los vascos, sino que ofrecía un método de cogobernanza para todas las comunidades, donde cada una de ellas firmara un acuerdo con el Estado para el periodo 2021-2026.
Montero rechazó el método. El Ministerio argumentó que el MRR es un instrumento finalista “vinculado a unas reformas estructurales e inversiones; esto implica desarrollar un plan nacional donde el beneficiario es el conjunto del Estado y donde hay que alcanzar unos objetivos generales, lo que requiere un cumplimiento por parte de todas las administraciones públicas y, por tanto, no es política de cohesión y no hay reparto previo a través de programas operativos como en el caso del Feder”.
Esta explicación no cuadra con lo expresado anteayer por Azpiazu en la Cámara vasca. El consejero anunció que esta misma semana, en los encuentros anuales entre la Comisión Europea y el Gobierno español, “Europa ha demandado la necesidad de coordinar los fondos del MRR con los fondos Feder en el periodo 2021-2027, dadas las grandes similitudes existentes entre las diez palancas del programa España Puede y los cinco objetivos políticos del Feder”. “La Comisión ha preguntado por las medidas que se van a adoptar para asegurar la complementariedad entre el MRR y Feder en cuanto a los criterios de selección, la priorización y la gobernanza”, defendió el consejero.
La votación del jueves en el Congreso de los Diputados dejó patente que la gestión de los fondos europeos se puede convertir en un polvorín político para Pedro Sánchez. Más allá de la crítica por la recentralización que le hacen Euskadi y Catalunya, las comunidades del PP arremeten contra el “oscurantismo” del Gobierno español. En la mente de todos, además, persiste el recuerdo de la llegada apoteósica del presidente español tras el acuerdo sobre el dinero que iba a recibir el Estado. Desfiló por un pasillo formado por sus ministros y fue ovacionado con un largo aplauso. De ahí que, más allá de la recentralización, exista la sospecha o la queja de que Sánchez quiera volver a capitalizar este logro y garantizarse el control del reparto del dinero, que va a ser clave para la reactivación (dentro de los Presupuestos estatales de este año, 27.000 millones corresponden a estos fondos).
Al Estado le corresponden unos 140.000 millones, y los recursos ya preasignados desde el MRR ascienden a cerca de 70.000. El PNV votó el jueves a favor del decreto estatal, pero avisó de que únicamente lo hacía por responsabilidad para no retrasar aún más la llegada del dinero, y aclaró a Sánchez que su paciencia tiene un límite. El presidente español tuvo un aliado inesperado, la abstención de la ultraderecha de Vox, una fotografía que prefiere evitar en el futuro y que fue prácticamente una carambola de difícil continuidad en nuevas votaciones. Sánchez tendrá que buscar apoyos para tramitar el decreto como proyecto de ley, con las enmiendas que registrarán partidos como el PNV.
Los fondos europeos son plurianuales, hasta 2026. La comunidad autónoma vasca ha elaborado una lista con 188 proyectos, y se espera que el Estado español lo tenga todo listo para el mes de abril. El problema de Sánchez radica en que el descontento es muy generalizado, desde los nacionalistas vascos y catalanes, hasta el PP, pasando por algunas voces socialistas en Valencia o Castilla-La Mancha.
En las últimas semanas se han realizado encuestas a nivel europeo y también se han recogido aportaciones que ponen el foco en la necesidad de que los estados colaboren con los gobiernos locales para una gestión más rápida y eficaz, y para evitar duplicidades a la hora de impulsar proyectos. Esta disputa no es exclusiva del Estado español, y existe una demanda ampliamente compartida entre naciones sin Estado y regiones del continente (como Baviera, Flandes o Nueva Aquitania) que piden tener una mayor capacidad de decisión.
Borrador del reglamento europeo. El borrador del reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pactado en diciembre y pendiente de aprobación en la Eurocámara en febrero, dice en su considerando 16.f que “las autoridades regionales y locales pueden considerarse como socias importantes; en ese sentido, deberían ser convenientemente consultadas e implicadas, de acuerdo con el marco legal nacional”.
Fondos Feder. El consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, anunciaba el viernes que esta semana la Comisión Europea ha pedido al Estado que coordine los fondos del coronavirus (el MRR) y los fondos Feder, donde las instituciones vascas gestionan el 65% con su propio plan operativo. Montero dice que no es posible un reparto previo con planes operativos como en el Feder porque el MRR no es política de cohesión. Los fondos Feder son fondos de cohesión para las regiones y autonomías, con una incidencia específica en aquellas que tienen dificultades o problemas por su orografía.
Las críticas generalizadas que se encontró la ministra Montero en la conferencia sectorial con las autonomías la llevaron a retirar el sistema de voto, donde se garantizaba tantos votos como las autonomías y el voto del desempate.
El Congreso ha alumbrado el decreto del fondo, pero los partidos exigen modificarlo cuando se tramite como proyecto de ley.
“No es política de cohesión y no hay reparto previo como en el caso del fondo Feder”
Respuesta a las autonomías
