El Supremo abre diligencias sobre Ayerdi pero no lo cita como investigado

El Gobierno navarro aclara que no incurre en el supuesto que obliga a dimitir

22.01.2021 | 00:58
El consejero navarro Manu Ayerdi. Foto: I. A.

donostia – UPN está detrás del recurso en contra del consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno navarro, el jeltzale Manu Ayerdi, y ayer celebró como un éxito y exigiendo su dimisión inmediata un auto del Tribunal Supremo que sembró la confusión en la política foral durante toda la tarde, aunque en realidad no supone una novedad significativa con respecto a la situación del representante de Geroa Bai. El magistrado de la Sala de lo Penal Andrés Palomo Del Arco acordó abrir diligencias previas en la causa por los fondos concedidos a la empresa Davalor Salud, pero no lo citó como investigado y, según fuentes jurídicas, en realidad debería dictar un segundo auto para confirmar de manera expresa que está investigado. Será a partir de esas diligencias previas cuando se confirme si hay mimbres para investigarlo o no. El consejero de Geroa Bai había anunciado hace días que, en el caso de resultar investigado en esta causa, presentaría su dimisión a la presidenta socialista María Chivite sin oponer resistencias, pero todavía no se ha llegado a ese estadio, y el propio Gobierno de Nafarroa emitió un comunicado oficial para respaldar esa tesis.

A pesar de que el portavoz de Navarra Suma y líder de UPN, Javier Esparza, exigiera la dimisión inmediata de Ayerdi, no se ha producido el auto que lo obligaría a dimitir en virtud del artículo 68 de la Ley Foral 14/2004 del Gobierno de Navarra. Esa ley, que se refiere a los investigados por delitos de corrupción, establece que en el momento en que un cargo público electo o de libre designación conozca "de forma fehaciente" que un tribunal ha adoptado un auto que establece su condición de investigado o figura legal equivelente, tendrá que dimitir porque su permanencia en el cargo será "incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía".

El Gobierno progresista sustentado en los apoyos de los socialistas, Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezkerra se ratifica en que Ayerdi dejará de ser consejero si el Supremo lo considera investigado, "condición todavía no adquirida a día de hoy". Su situación "no implica la aplicación de lo previsto en el artículo 68". Ayerdi cuenta con el respaldo de sus socios en el Gobierno, que entienden que, al menos por el momento, no incurre en las condiciones para dimitir.

El PNV está viviendo esta causa con la sensación de que es una maniobra de persecución política por parte de UPN, como le sucedió a Uxue Barkos con la polémica de las dietas. Argumenta que el asunto se investigó en el Parlamento navarro y quedó en nada, aunque en cierto modo le preocupa la situación por los precedentes del Tribunal Supremo y cree que podría tomar una decisión política. UPN acusa a Ayerdi de prevaricación y malversación de fondos por los 2,6 millones que concedió a la empresa Davalor Salud. UPN dice que nunca debió conceder ese dinero porque la empresa era insolvente y usó los fondos para tapar agujeros con un acreedor, en lugar de impulsar las iniciativas que motivaron el préstamo. La operación se produjo en la anterior legislatura, con el Gobierno de Uxue Barkos, y entre los años 2015 y 2017. UPN se apoya en que el auto dice que tiene derecho a designar un abogado, y pide trasladar la instrucción al "querellado". Pero no lo cita como imputado. La situación no cambia. Ayerdi ya había anunciado que su relevo no sería un problema en el supuesto de que fuera investigado y se lo comunicó por carta a Chivite. Tampoco Bildu pide que dimita.

FIANZA DE 10.000 EUROS Por otro lado, el instructor ha fijado una fianza de 10.000 euros para UPN para ejercer la acusación popular. La Sala Segunda acordó el 14 de diciembre abrir causa y, en el caso de que fuera investigado, tendría que dejar el Gobierno y el carné del PNV.

"Su situación no implica la aplicación de lo previsto en el artículo 68 de la Ley del Gobierno"

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