La corrupción del PP, el ‘3%’ de CDC y Pujol vuelven a marcar el año judicial

Los ‘populares’ deberán afrontar numerosas causas en la Comunidad de Madrid y en las tres provincias valencianas

01.01.2021 | 23:49
Las expresidentas de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre pasarán por los tribunales este año en calidad de investigadas. Foto: Efe

madrid – La corrupción política sigue ocupando el tiempo de los jueces y tribunales del Estado, y de cara a 2021 siguen vivas algunas causas que vienen arrastrándose en los últimos años. La Audiencia Nacional continúa instruyendo los macrosumarios de Púnica y Lezo, la pieza por los papeles de Bárcenas, el 3% de CDC y, ya a un paso de juicio, el patrimonio del clan Pujol, así como el presunto pago con dinero negro de las obras la sede de los populares en la calle Génova de Madrid, que comienza a juzgarse el 8 de febrero.

En cuanto a las causas por corrupción que afectan a aforados, el Tribunal Supremo mantiene abiertas dos instrucciones, una de ellas contra la diputada de Junts y aspirante a la Presidencia de la Generalitat, Laura Borràs. Está investigada por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental cometidos durante la etapa en un cargo de la Consellería de Cultura.

Recientemente, el alto tribunal también ha abierto causa al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Nafarroa, Manu Ayerdi, por presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos en relación con la supuesta concesión irregular a Davalor Salud S.L. de seis préstamos por un importe de 2.600.000 euros entre 2015 y 2017.

La Audiencia Nacional, por su parte, recibirá 2021 con uno de los juicios más mediáticos, el que volverá a sentar en el banquillo al extesorero del PP Luis Bárcenas por el pago de la reforma de la sede de los populares con dinero procedente de la presunta caja B. Paralelamente, el Juzgado Central de Instrucción número 5 seguirá investigando los papeles de Bárcenas.

La presunta financiación irregular del PP en Madrid se analiza en el caso Púnica, en el que se encuentran imputados los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González. En esta macrocausa también están investigados el exsecretario general de los populares madrileños Francisco Granados y exalcaldes y exconcejales de varios puntos de España.

Ignacio González además es el principal investigado en otra causa que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 6, el caso Lezo, donde se investigan las irregularidades en el Canal Isabel II, y por el que Fiscalía le pide ya 19 años de prisión por tres piezas separadas. Por otro lado, este mismo juzgado lleva el conocido como caso Villarejo, en cuya pieza separada centrada en la denominada Operación Kitchen están imputados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fuera su número dos, Francisco Martínez.

Además, en 2021, previsiblemente se conocerá la fecha para juzgar al expresident de la Generalitat Jordi Pujol y su familia, que el pasado mes de julio fueron procesados por el presunto origen ilícito de su patrimonio.

En los juzgados de instrucción de Madrid, el principal foco de interés es el caso Neurona, la primera causa contra el partido liderado por Pablo Iglesias. Podemos y varios dirigentes morados están investigados, entre otras cuestiones denunciadas por el exabogado de la formación José Manuel Calvente, por el contrato de 363.000 euros con la consultora Neurona para las elecciones generales de 2019. El juez Juan José Escalonilla sospecha que pudo ser simulado para desviar dinero.

Por lo que respecta a las Audiencias Provinciales, el 18 de enero está previsto que se celebre el juicio contra Cristina Cifuentes por presunta falsedad documental en relación con el caso Máster de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). Además, el Juzgado de lo Penal número 11 de Madrid enjuiciará en el primer trimestre del año al alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, a sus dos antecesores en el cargo, a dos concejales y a siete exediles, todos ellos del PP, acusados de prevaricar en 16 expedientes urbanísticos.

corrupción en valencia En la Comunidad Valenciana también se acumulan causas de corrupción contra el PP en sus tres provincias. En Castellón, el Juzgado de Instrucción número 4 investiga si el expresidente de la Diputación Carlos Fabra ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado por cuatro delitos fiscales; mientras que en Alicante se está a la espera de que la Audiencia dé a conocer la sentencia del caso Brugal. En Valencia, por último, se investiga el caso Imelsa.