- Moncloa sigue manejando los indultos a los presos del 1-O como una herramienta que puede contribuir a la desescalada del conflicto político en Catalunya. Después de que los fiscales del procés se posicionaran en contra de esta medida de gracia con un durísimo alegato político, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sostiene que "el Gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos y la obligación moral de aliviar tensiones". Así se pronuncia el el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, uno de los dirigentes más cercanos al presidente español, en la línea de lo ya expresado por el titular de Interior, Grande-Marlaska, que deslizó su malestar con los informes de la Fiscalía del Tribunal Supremo al entender que esos escritos deberían haberse ceñido a términos "técnico-jurídicos". Su compañero ha ido más allá, y en una entrevista al diario La Vanguardia, pidió respeto para las decisiones que el Gobierno de coalición adopte en el ámbito de sus competencias. Un claro mensaje a los fiscales, que además de duros adjetivos contra un eventual indulto por la falta de "arrepentimiento" de los reclusos soberanistas, los representantes del Ministerio Público indicaban que no podía servir para "satisfacer intereses políticos coyunturales", en una evidente referencia a las alianzas parlamentarias con los independentistas del Gabinete del PSOE y Unidas Podemos.
"No se puede situar la convivencia al borde del precipicio y seguir dando empujones al vacío", argumenta Ábalos en puertas de unas elecciones catalanas que a su juicio deben servir para soldar la fractura social y política que la unilateralidad provocó. Es más, subraya que la postura de que los políticos condenados puedan participar en las elecciones o no corresponde a los tribunales, pero él cree que "todas las voces han de ser escuchadas". Sin profundizar en los informes de los fiscales sobre este asunto, reiteró que "España es un Estado de Derecho con separación de poderes", y en tanto que "el Gobierno respeta siempre las decisiones de los tribunales", espera el mismo respeto en sentido contrario. "Dentro del respeto a la Constitución y las leyes, debe hacerse lo necesario para reenganchar a Catalunya al proyecto común. Cualquier gesto que contribuya a la normalidad política y a la reconciliación y la convivencia es positivo", argumenta el ministro socialista, quien apunta también a la baza de la reforma del Código Penal y, en concreto, del delito de sedición por el que están condenados los presos del 1-O para ajustarlo al ordenamiento europeo, algo que se hará "más pronto que tarde". "Corregir algunos desfases permitirá su equiparación con los de otros países" del entorno, donde "un delito equivalente al de una sedición no protagonizada por militares no es castigado con más de cuatro años de cárcel", reconoce Ábalos.
Aunque desde el PSOE y el propio líder del PSC, Miquel Iceta, desdeñan una coalición junto a ERC, ni siquiera un acuerdo de legislatura, porque no pactarán "con ningún partido que defienda la independencia; desde Moncloa están "dispuestos a apoyar cualquier espacio que permita normalizar la situación política". "Queremos romper los candados y dar rienda suelta a la esperanza. Hay que construir puentes y no destruirlos, y la argamasa necesaria para hacerlo es el diálogo". Y en ese escenario, retomar la mesa bilateral entre gobiernos. Por ello, Ábalos avisó indirectamente a JxCat que "empecinarnos en el error no es un signo de humanidad sino de estupidez".
Lo cierto es que a nadie podía sorprender la posición contraria al indulto de los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. Los cuatro representantes de la Fiscalía mantienen la misma contundencia contra los dirigentes del procés una vez condenados que al inicio del caso, cuando en el Gobierno estaba el PP de Mariano Rajoy. De hecho, los fiscales siguen considerando tres años después que el proceso soberanista fue una rebelión y que atentó con violencia contra el orden constitucional, una tesis que el Supremo ya descartó al definir lo acontecido como un engaño y un delito contra el orden público. Recogiendo el hilo de Ábalos y amparándose en la Fiscalía, la derecha aprovechó ayer para cargar de nuevo contra el Gobierno de Sánchez. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, consideró que el Ejecutivo español perdió "la moral y la ética el día que pactó con Bildu e independentistas" al poner "precio por sus votos". "¿Y la obligación moral de no dejar solos a los catalanes no independentistas?", se preguntó la diputada popular en Twitter. Por ello, reclamó al ministro que "deje de dar cariño a sus socios en la dirección del Estado como secretario de Organización de lo que fue el PSOE" y que, como responsable de Transportes, se centre en sus competencias. A su vez, la vicesecretaria de Política Social del PP y diputada en la Cámara baja, Ana Pastor, tachó de "bochornosas y lamentables" las declaraciones desde Moncloa porque "no se puede legislar a la carta". También desde Ciudadanos se sirvieron de las palabras del socialista para entrar en campaña. El candidato naranja a la Generalitat, Carlos Carrizosa, aseguró que las posiciones de Illa, Ábalos e Iceta "forman un compendio que deja más claro que el agua que aquí, en Catalunya, el PSC está pensando en pactar un tripartito con Podemos y ERC", al tiempo que "descalifican" a los fiscales y "menoscaban el Estado de Derecho".
Con la mirada de la Fiscalía en contra del indulto y la favorable de las cárceles catalanas, el tribunal del juicio del procés, presidido por Manuel Marchena, ya tiene los mimbres para elaborar su informe sobre la medida de gracia, que tampoco será vinculante para el Gobierno de Sánchez. Será el último trámite antes de que el Ejecutivo tome una decisión que no llegará antes del 14-F. En sus recientes resoluciones el tribunal se guardó de hacer cualquier referencia a los indultos. Pero si en algo viene insistiendo el Supremo es en que los presos tienen que pasar más tiempo entre rejas antes de cualquier flexibilización. Solo un 5% de los indultos en la última década se ha concedido con el criterio en contra de la Fiscalía y del tribunal sentenciador.
"Este Gobierno perdió la moral y la ética el día que pactó con EH Bildu y los independentistas"
Portavoz del PP en el Congreso
"Tenemos la obligación legal y moral, no se puede seguir dando empujones al vacío"
Ministro de Transportes
