- Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumplen hoy dos años en funciones con su renovación totalmente empantanada por el clima político de enfrentamiento entre el Gobierno de coalición y el principal partido de la oposición, lo que se traduce en la imposibilidad de los grupos parlamentarios del PSOE y el PP en el Congreso para pactar los nombres que deben formar parte de este órgano para los próximos cinco años. Pese a que hace unas semanas se hablaba de la posibilidad de un desbloqueo de la situación alrededor del día de la Constitución -6 de diciembre- lo cierto es que la situación no ha hecho más que complicarse.
El pasado lunes, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció que el acuerdo ya existía y únicamente faltaba hacerlo público, algo que fue tajantemente negado casi al momento desde las filas populares. A esta situación se unió ayer una Proposición de Ley de PSOE y Podemos para evitar que un órgano de gobierno de los jueces en funciones no pueda realizar nombramientos clave, una propuesta que no ha sido buen recibida en el propio Consejo al optarse por un trámite parlamentario que, si bien es legal, permite evitar que este órgano consultivo emita su preceptivo informe sobre la reforma planteada.
La propuesta parece ser una salida “in extremis” a la situación creada tras la paralización del trámite parlamentario de la reforma inicial de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) presentada a instancias del Gobierno de coalición, que ha sido fuertemente cuestionada tanto por la oposición, que la tilda de inconstitucional, como por diversos órganos europeos.
Además, la posibilidad de que PSOE y PP lleguen a un acuerdo depende cada día más de las discrepancias entre las partes derivadas del actual “escenario político”, lo que podría incluso alejar la posibilidad de una solución hasta después de las elecciones autonómicas catalanas, fijadas para el próximo 14 de febrero.
Esta situación parece contrastar con el estado real de las negociaciones concretas sobre la renovación, que no parece haber variado desde el pasado verano, cuando PSOE y PP prácticamente cerraron un acuerdo en el que cada uno de ellos aceptaba designar a diez de los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces.
