- El blindaje por ley de la inmersión lingüística en Catalunya vuelve a erigirse en el asidero de la derecha para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el soberanismo con la defensa del idioma español como excusa. PP y Ciudadanos anunciaron ayer que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la reforma educativa, la Lomloe, conocida como ley Celaá, si finalmente no considera el castellano como lengua vehicular y porque, a su juicio, "liquida" la libertad educativa. De hecho, el presidente de los populares, Pablo Casado, acusó al líder del PSOE de pretender "permanecer en el poder negociando el futuro de nuestros hijos"; mientras que su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, dijo que detrás del acuerdo entre los socialistas, Unidas Podemos y ERC está "el precio de los votos" a los Presupuestos Generales del Estado y "ahí las prisas en la tramitación". Es una ley que "esconde la entrega de libertades y derechos de los españoles", censuraron desde Génova.
La iniciativa impulsada por Esquerra pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo, aunque la educación en castellano queda garantizada. El PSOE entiende que la reforma educativa servirá para que los alumnos de las autonomías con lengua cooficial adquieran competencias "por igual" del castellano y de la lengua correspondiente, a pesar de que se vaya a retirar de la norma el término de "lengua vehicular" para el español en la enseñanza. Se pretende amarrar "el derecho a estudiar y a aprender ambas lenguas por igual" y en el "caso hipotético" de que se detectase un desequilibrio se establecerán "medidas compensatorias", sostienen desde Ferraz.
Pero la oposición, que acostumbra a emplear periódicamente este asunto como ariete ve un "atropello a la libertad educativa". Luis Peral, que fue consejero de Educación en la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, evocó hasta los tiempos de la República para señalar que la Constitución de 1931 "establecía el español como lengua de enseñanza en toda España" y que fue una enmienda propuesta por republicanos y nacionalistas catalanes, "incluso Companys".
Ciudadanos pretende acudir no solo al Constitucional, sino también a la Unión Europea, al Defensor del Pueblo y a la Alta Inspección educativa. Así lo confirmó su presidenta, Inés Arrimadas, aseverando que la "inacción" de los gobiernos del PP y del PSOE durante décadas "ha permitido que se vulneren derechos lingüísticos y que el español no sea lengua vehicular" en las escuelas de algunas comunidades. "Se incumplen sentencias de los tribunales clarísimas y derechos fundamentales", añadió. Por ello, "no nos vamos a quedar callados" ante el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, que "ya sabíamos que era capaz de hacer estas cosas".
Entidades unionistas como Societat Civil Catalana se enfrascan también en este debate instando a que se "ponga fin" a una política lingüística en la escuela "injusta, discriminatoria y contraria a los principios pedagógicos de la Unesco". "El español es el idioma materno de la mayoría de los catalanes y no puede seguir siendo tratado como idioma extranjero".
"Sánchez pretende permanecer en el poder negociando el futuro de nuestros hijos"
Presidente del PP
