Lakua se fija como reto una “convivencia justa” basada en la “memoria crítica”

El Gobierno Vasco apuesta porque los presos reconozcan el daño causado y sean acercados a su entorno familiar

15.10.2020 | 01:12
El compromiso de los gobiernos de Urkullu con las víctimas ha sido total, así en 2014, víctimas de ETA, los GAL y abusos policiales recibieron el premio René Cassin. Foto: Efe

donostia – El Gobierno Vasco se fija como objetivo avanzar hacia "una convivencia justa, pacífica e inclusiva, basada en la memoria de la injusticia del daño causado, el respeto a los derechos humanos y el pluralismo". Así se recoge en el programa de gobierno del Ejecutivo de coalición PNV-PSE, y en el que bajo el epígrafe Convivencia y Derechos Humanos se incluye los compromisos del gabinete de Iñigo Urkullu para esta legislatura que no ha hecho sino comenzar a andar.

El programa de gobierno destaca que, tras el cese definitivo de la actividad de ETA el 20 de octubre de 2011 y la posterior disolución de la banda en 2018, "Euskadi ha dejado atrás un pasado de terrorismo, violencia y división". Ahora, de cara a los próximos cuatro años, el Gobierno Vasco reafirma su compromiso con una "memoria critica" que rechace toda "legitimación o minimización" del terrorismo. Además, el texto reafirma la apuesta por una política penitenciaria que fomente el "reconocimiento del daño causado" y que, de acuerdo a "los términos orientados por la Constitución y la legalidad", promueva el acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas a su entorno familiar.

Apoyo a las víctimas Así, el programa señala que el respeto, promoción y defensa de la dignidad humana y los derechos humanos constituirán los "principios rectores" de dicho plan, a partir del principio ético "irrenunciable" de que "no hubo y no hay ninguna razón política que pueda anular la dignidad, la integridad y el derecho a la vida de las personas".

El Gobierno de PNV y PSE ratifica su compromiso con los derechos de verdad, justicia, memoria, reparación y solidaridad que corresponden a las víctimas, entre las que se cita a las causadas por ETA, por el GAL y por "otros grupos", así como a las víctimas de abusos policiales. Todo ello –se subraya en el texto– "sin equiparaciones, ni exclusiones", y rechazando "cualquier teoría justificativa o contextualizadora de cualquier forma de terrorismo o violencia".

El programa recoge el objetivo de desarrollar la Ley reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo y de promover el Proyecto Batera de unión entre víctimas y sociedad para a convivencia y el futuro. Igualmente, se desarrollará la Ley reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos causadas por abuso de poder.

Asimismo, el Ejecutivo liderado por Urkullu trabajará para "destacar la realidad" de los casos de vulneraciones de derechos humanos "de esclarecimiento incompleto" , sobre los que señala que "en tanto no sean aclarados, merecerán un esfuerzo adicional de reconocimiento". Por otra parte, se apuesta por promover una "memoria crítica" del pasado de terrorismo y violencia, un compromiso que se concreta en el rechazo a la "legitimación, compensación o minimización" de cualquier forma de terrorismo o violencia ocurrida en el pasado, y en la "oposición frontal" a la reedición en el presente o en el futuro de estos comportamientos.

Todo ello, con el propósito de compartir un proyecto social de convivencia basada en "el reconocimiento de la injusticia que supuso el terrorismo y otras violencias de motivación política".

El Gobierno vasco integrará los proyectos expositivos de la sede de Gogora, del Museo del Bombardeo de Gernika y de las víctimas del 3 de marzo de 1976. Además, trabajará en el desarrollo de un pacto social sobre la convivencia, "basado en la premisa de que ni antes, ni ahora, ni en el futuro, ninguna razón política puede justificar el terrorismo o cualquier otra vulneración de derechos". Otro de los compromisos asumidos por el Gobierno autonómico es aprobar la Ley de memoria histórica y democrática de Euskadi, tomando como referencia el borrador presentado en la anterior legislatura.

Política penitenciaria Otro de los apartados del programa de gobierno hace referencia a la política penitenciaria. Aunque en estos momentos es potestad del Gobierno español, el Ejecutivo vasco asegura que tratará de desarrollar su compromiso con una política penitenciaria "fundamentada en la promoción activa de los principios legales de individuación, humanidad, reconocimiento del daño causado y reinserción". En este sentido, reitera su apoyo al traslado de los reclusos a prisiones cercanas a su entorno familiar, "en los términos orientados por la Constitución y la legalidad penitenciaria". En este sentido hay que recordar que Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior del Gobierno de Pedro Sánchez, anunció el pasado martes el traslado de seis presos, entre ellos el histórico Antton Troitiño, que serán acercados a prisiones más próximas a Euskadi.

El Gabinete de Iñigo Urkullu espera poder canalizar este compromiso "a través del dialogo y la colaboración" con el Gobierno español. El objetivo de esta línea de actuación es desarrollar una política penitenciaria que tenga como "orientación fundamental" la reinserción, que atienda prioritariamente los problemas de mayor incidencia humanitaria y de salud.

Además, el Gobierno Vasco reitera que es necesario "contemplar la transferencia" de la gestión de centros penitenciarios a Euskadi, deconformidad con el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika de 1979. El programa incluye el desarrollo de esta competencia "dentro de los términos recogidos" en el 'Informe sobre Actualización de las Transferencias Pendientes a la Comunidad Autónoma del País Vasco 2017'. Según el nuevo calendario que adelanta hoy este diario, la transferencia de las competencias de prisiones se aplaza hasta marzo del próximo año 2021.

Otros aspectos

DDHH

El documento incluye una referencia a la necesidad de coordinar las políticas de derechos humanos, y propone impulsar un programa de iniciativas divulgativas en el ámbito educativo a favor de los Derechos Humanos.

Religión

Se impulsará una "gestión positiva" de la diversidad religiosa mediante la aprobación de la Ley de lugares, centros de culto, y diversidad religiosa, se creará el Consejo Interreligioso y se desarrollará el programa socioeducativo Uztartu en materia de prevención de la radicalización violenta.

Juventud

El Ejecutivo colaborará con el Consejo de la Juventud de Euskadi dentro del Programa Etikasi, y organizará visitas educativas de jóvenes a ciudades europeas marcadas por la guerra u otras experiencias traumáticas de violencia.