La industria automovilística europea cierra 2025 con un suspiro de alivio después de doce meses marcados por la incertidumbre, la presión internacional y un profundo debate sobre el rumbo de la transición ecológica. La reciente propuesta de la Comisión Europea (CE) de rectificar el veto a la venta de coches nuevos con emisiones de CO₂ a partir de 2035 ha irrumpido como un giro inesperado en un sector que venía caminando sobre terreno inestable y vital para Euskadi.
El año ha estado condicionado por una tormenta perfecta: la creciente competencia de los fabricantes chinos, cada vez más presentes en el mercado europeo con vehículos eléctricos a precios competitivos; la amenaza constante de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos; y la rigidez del calendario climático comunitario, que obligaba a una reconversión acelerada de la industria. En este contexto, la iniciativa de Bruselas ha sido interpretada por las empresas del motor como una tregua necesaria para ganar tiempo y margen de maniobra.
No todos, sin embargo, comparten el entusiasmo. En el caso español, las reacciones al anuncio de la Comisión han evidenciado una fractura entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el sector. Mientras fabricantes y asociaciones empresariales celebraron la rectificación como un gesto de realismo económico, el presidente del Gobierno español la calificaba de “error histórico”. A su juicio, la competitividad europea no pasa por suavizar los compromisos climáticos, sino por reforzarlos a través de la sostenibilidad y la innovación.
La oposición del Ejecutivo español no fue improvisada. Días antes del anuncio, Sánchez había remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitando que se mantuviera intacto el veto de 2035. La misiva no logró frenar una propuesta que ahora deberá recorrer un complejo camino de negociación en el Parlamento Europeo y entre los Estados miembros.
El movimiento de Bruselas ha sido leído también en clave geopolítica. La propuesta supone un claro respaldo a Alemania, primer fabricante de vehículos de Europa y séptimo del mundo, cuyo nuevo canciller, Friedrich Merz, defendió la flexibilidad como única vía para compatibilizar los objetivos climáticos con la realidad industrial y del mercado. España, segundo productor europeo y noveno a escala global, observa el debate desde una posición estratégica, consciente de que cualquier decisión tendrá un impacto directo en su tejido industrial y en el empleo.
El sobresalto del fin del Moves
En el caso del Estado, 2025 arrancó con sobresaltos. El rechazo del Congreso de los Diputados a la convalidación del decreto ómnibus dejó en el aire la prórroga del Plan Moves III, el principal programa de ayudas para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. La reacción del sector fue inmediata: marcas automovilísticas calificaron la situación de “bomba”, alertando de un posible frenazo en las matriculaciones justo cuando se aspiraba a alcanzar los 5,5 millones de vehículos eléctricos en circulación en 2030. Tras meses de incertidumbre, Sánchez logró aprobar en abril la prórroga del plan, dotándolo con 400 millones de euros y con carácter retroactivo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025. La elevada demanda provocó que muchas comunidades autónomas agotaran los fondos antes del verano, obligando a habilitar 400 millones adicionales para atender las solicitudes en lista de espera.
Pese a las dificultades, la electrificación del parque móvil sigue avanzando. Según datos de la patronal Anfac, las matriculaciones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables hasta noviembre rozan las 220.000 unidades, el doble que en el mismo periodo del año anterior. En conjunto, el mercado electrificado representa ya el 17,56 % del total, casi ocho puntos más que en 2024.
El crecimiento es significativo, aunque insuficiente para cerrar la brecha con Europa y España continúa rezagada respecto a la media comunitaria, tanto en penetración del vehículo eléctrico como en infraestructura de recarga, un déficit que el propio sector reconoce como uno de los principales frenos a la demanda. Con la vista puesta en el largo plazo, el Gobierno español ha optado por la centralidad con el Plan España Auto 2030, dentro de un nuevo escenario de la electromovilidad como si el problema radicaba quién coordinaba y gestionaba las ayudas. l
