Más de 300 solicitudes para reparar los abusos policiales

El Gobierno Vasco celebra el segundo aval judicial y cree que le legitima

01.10.2020 | 00:29
Hernando, Artolazabal y Ezenarro.

donostia – El Gobierno Vasco se muestra satisfecho con el auto del Tribunal Constitucional (TC) del pasado martes que sirve de aval para que Lakua ponga en marcha la Ley de reconocimiento de vulneraciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales. En palabras de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, es una "magnífica noticia" que ayudará a avanzar en la construcción de una convivencia "plural y democrática" en Euskadi.

En una breve intervención ante los medios, Artolazabal celebró que el Constitucional haya rechazado el recurso del PP contra esta norma autonómica, dos meses después de desestimar también el de Ciudadanos contra la misma ley. La consejera aprovechó para hacer público que hasta el momento el número de solicitudes de reconocimiento y reparación supera ya las 300, y que el plazo para las peticiones se amplía a finales de 2021 por retrasos motivados por la pandemia de COVID-19.

Así, en el Departamento de Justicia explican que las dos resoluciones que han desestimado los recursos de populares y naranjas "garantizan la constitucionalidad" de esta norma para la que Beatriz Artolazabal ruega que no se emplee la denominación de Ley de abusos policiales, ya que dicha terminología causa "daño" a las víctimas. En su lugar, aboga por el uso de su nombre oficial: Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999.

Ahora, la comisión de valoración encargada de analizar y tramitar las solicitudes de reconocimiento seguirá desarrollando su trabajo con el aval de los tribunales. Por delante tiene más de 300 peticiones de reparación y el proceso para seguir presentándolas sigue abierto. Según informó ayer la consejera, debido a las dificultades y a la paralización de los procesos administrativos planteados por la pandemia de coronavirus, el Gobierno vasco ha decidido ampliar hasta diciembre de 2021 el plazo, que inicialmente expiraba en septiembre del próximo año.

Según explicó Artolazabal, la comisión de valoración se enfrenta a un trabajo "arduo y meticuloso" al analizar las solicitudes y recomendar al Gobierno Vasco su aceptación o rechazo, un proceso que se prolongará a lo largo de los próximos cuatro años.

La consejera de Justicia e Igualdad subrayó la importancia que tiene esta labor, ya que de lo que se trata es de dar respuesta a personas que, más de dos décadas después de haber sido "victimizadas", siguen sin obtener ningún tipo de reconocimiento o de reparación por parte de las instituciones vascas o estatales.

primeras entrevistas Por su parte, la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, Monika Hernando, explicó que la comisión de valoración ya se ha entrevistado con dos personas que han registrado su solicitud, y que en las próximas semanas tiene previsto entrevistarse con otras 25. Una vez registrada cada petición, se le debe dar una respuesta en un plazo máximo de 24 meses, por lo que se prevé que los primeros expedientes empiecen a resolverse en dos o tres meses.

Hernando también se refirió a la posibilidad de que, pese a este nuevo aval del Tribunal Constitucional a la ley, puedan plantearse nuevos obstáculos judiciales frente a esta norma. La directora de Víctimas y Derechos Humanos cree a este respecto que la constitucionalidad del texto ya ha quedado "clara", aunque reconoció que podrían plantearse recursos administrativos ante las decisiones que vaya adoptando la comisión de valoración en los próximos meses y años.

posibles cambios Por último, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales se refirió a posibles cambios en su departamento y, más en concreto, al futuro al frente de sus cargos de Monika Hernando como directora de Víctimas y Derechos Humanos y de Aintzane Ezenarro –también presente en la rueda de prensa de ayer– como directora de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

Según expresó Beatriz Artolazabal, "cuenta" tanto con Hernando como con Ezenarro para esta legislatura, aunque reconoció que puede haber cambios, ya que los equipos de su departamento se terminarán de "consolidar" en las próximas semanas.

"El aval del TC es una magnífica noticia que ayudará a construir una convivencia plural"

beatriz artolazabal

Consejera de Igualdad y Justicia