Justicia rechaza abolir el delito de injurias al rey

El ministro Campo asegura que, si Juan Carlos I es imputado, "no se tardaría ni un segundo en encontrarle"

17.08.2020 | 23:59
Juan Carlos Campo. Foto: Efe

donostia – El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, rechazó ayer acometer una reforma del Código Penal para eliminar el delito de injurias a la Corona al estimar que "las altas instituciones del Estado tienen que estar protegidas". Apostó además por aparcar el debate sobre la inviolabilidad del rey, ya que "nos puede distraer de lo importante", en referencia a la crisis sanitaria, económica y social por el coronavirus.

Ante la petición de varias formaciones, incluida Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno español, de eliminar el delito de injurias a la Corona, dijo que todos los debates jurídicos son aceptables, pero añadió que las "ofensas" que debilitan a las altas instituciones "no son buenas".

La semana pasada, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las diligencias contra el coordinador de ERC y vicepresident, Pere Aragonès; la portavoz del BNG, Ana Pontón; y la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, por injurias a la Corona. En el escrito de archivo, consideró que en sus palabras "no existe ánimo de injuriar sino de criticar", y por tanto queda amparado en al artículo 20 de la Constitución al derecho a la libertad de expresión.

Ante quienes, en el contexto de la marcha del rey Juan Carlos de España, apuestan por establecer una república, el ministro de Justicia afirmó que hay que hacer una "enorme pedagogía" para distinguir entre la actuación personal de quienes han encarnado en un momento determinado una institución y la institución misma.

Unidas Podemos es una de las fuerzas que está alentando ese debate y su líder, Pablo Iglesias, ha vinculado la investigación a su partido en una causa por malversación con su defensa de la justicia social y del republicanismo, pero Campo defendió la independencia del Poder Judicial.

A su juicio, el emérito, que no tiene ninguna causa pendiente, debe ser tratado como un ciudadano más, sin juicios paralelos. Tras insistir en que la Justicia es igual para todos y que todos los españoles tienen derecho a la presunción de inocencia, se mostró convencido de que, si fuera citado, "no se tardaría ni un segundo en encontrarlo, él mismo se ofrecería voluntario para comparecer".