Los atentados yihadistas del 17-A llegan a juicio en medio de la decepción de las víctimas

Younes Abouyaaqoub daba inicio a la masacre con un atropello masivo, al volante de una furgoneta alquilada con la que zigzagueó durante 800 metros a toda velocidad por unas Ramblas atestadas de turistas: asesinó a quince personas y dejó heridas, al menos, a otras 130. Tras dejar la furgoneta, caminó hasta la Zona Universitaria de Barcelona, donde mató a cuchilladas a un joven para robarle el coche en su intento de fuga, que duró escasos días. El 21 de agosto, los Mossos lo abatían en unos viñedos del Penedès.

Mientras, otros cinco de los terroristas se pertrechaban de cuchillos y un hacha para intentar, ya en la madrugada del 18-A, otra matanza en el paseo marítimo de Cambrils. Murieron tiroteados por los Mossos tras arrollar con su coche a un grupo de transeúntes, uno de los cuales falleció, y apuñalar a otros doce cuando volcaron el vehículo.

Por efecto del calor, un día antes del 17-A, los explosivos hacían saltar por los aires el chalé de Alcanar, en el que murieron dos de los terroristas, entre ellos Abdelbaki Es Satty, líder espiritual de la célula y quien emprendió en 2015 el adoctrinamiento del grupo de jóvenes como imán de la mezquita de Ripoll.

Después de tres años de investigaciones, la Audiencia Nacional ha zanjado la causa principal de los atentados sin ningún procesado por los 16 asesinatos. La sala de lo penal ha abierto juicio oral por los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos contra dos de los presuntos miembros de la célula: Mohammed Houli Chemlal -superviviente de la explosión de Alcanar- y Driss Oukabir, hermano de uno de los fallecidos y a cuyo nombre se alquiló la furgoneta utilizada en el atropello masivo.

En un criterio compartido por la Fiscalía y algunas de las acusaciones -Generalitat y Ayuntamiento-, la sala ciñe el papel de estos dos procesados a la pertenencia a la célula y los preparativos del atentado frustrado, sin vincularlos directamente con los ataques en Barcelona y Cambrils, aunque ha dejado abierta la puerta a que las partes lo planteen en el juicio.

Más tangencial sería la participación del tercer procesado, Said Ben Iazza, a quien la Audiencia procesa por colaboración con organización terrorista, al entender que su intervención se limitó a facilitar la furgoneta frigorífica en la que transportar el peróxido de hidrógeno necesario para fabricar los precursores de los explosivos, así como la documentación para adquirirlo.

Gran parte de las acusaciones particulares ejercidas por las víctimas -incluidas las colectivas, como la AVT o la del 11-M- se han apresurado a desmarcarse de la Fiscalía, con escritos que plantean penas superiores a los 2.000 años de cárcel y prisión permanente revisable para los procesados, por los asesinatos e intentos de asesinatos en los ataques.

También están en juego las indemnizaciones que les puedan corresponder en sentencia por los daños y secuelas que arrastran y que suman cifras millonarias. En el caso de que los procesados se declararan insolventes, las indemnizaciones podrían ser asumidas por el Estado, de acuerdo con la Ley de Protección de Víctimas del Terrorismo, pero esa solución se adivina más improbable si tras el proceso penal no hay condenados por los muertos y heridos en los atentados.

El Ayuntamiento de Barcelona ha apostado hoy, por segundo año consecutivo, por un sencillo acto. Con las distancias de seguridad impuestas por la pandemia, las víctimas serán el eje de un acto al que asistirán, entre otros, la alcaldesa, Ada Colau; el president de la Generalitat, Quim Torra; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Como en años anteriores, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) se ha desmarcado del acto organizado por el Ayuntamiento.

“Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam”

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