Colau y Torra se alinean con la Fiscalía en el juicio del 17-A

Piden hasta 95 años de cárcel para los yihadistas procesados pero no prisión permanente revisable

15.08.2020 | 00:57

barcelona – El Ayuntamiento de Barcelona que lidera Ada Colau y la Generalitat piden penas de hasta 95 y 44 años de cárcel, respectivamente, para los tres únicos procesados por los atentados yihadistas del 17-A por su papel en la célula terrorista, y se alinean con la Fiscalía al descartar acusarles por asesinato. Ambas acusaciones particulares presentaron sus escritos ante la Audiencia Nacional, que el mes pasado abrió juicio contra dos de los presuntos miembros de la célula y un tercero que cooperó con ella, por los delitos de integración y de colaboración con organización terrorista, además de fabricación, tenencia y depósito de sustancias explosivas y estragos.

La Audiencia no ha procesado a ninguno de los tres investigados por las muertes y lesiones que provocaron los seis miembros de la célula fallecidos en sus ataques en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils (Tarragona), aunque dejó abierta la puerta a que lo plantearan las acusaciones. De acuerdo con la tesis de la sala, compartida por la Fiscalía, el Ayuntamiento de Barcelona y el Govern de Quim Torra han evitado acusar de asesinato a los tres procesados, a diferencia de las asociaciones de víctimas, como la AVT y 11-M, o el Ayuntamiento de Cambrils, que piden para ellos prisión permanente revisable al considerarlos responsables de los muertos y heridos en los ataques.

De esa forma, ciñen el papel de los procesados Mohamed Houli Chemlal –superviviente de la explosión en el chalé de Alcanar (Tarragona)– y Driss Oukabir –a cuyo nombre se alquiló la furgoneta utilizada en Las Ramblas-–, a su pertenencia a la célula terrorista y a la preparación de los artefactos para atentar. No los vinculan a la masacre que Younes Abouyaaqoub causó con su atropello masivo en las Ramblas de Barcelona, que dejó catorce cadáveres y más de un centenar de heridos, ni al ataque con machetes que otros cinco miembros de la célula perpetraron en Cambrils, tras fallar sus planes de atentar con explosivos debido a la accidental deflagración de Alcanar. Al tercer procesado, Said Ben Iazza, le acusan de colaboración con actividades de organización terrorista por haber prestado una furgoneta frigorífica en la que transportar el peróxido de hidrógeno para fabricar los precursores.