Las diputaciones recalcan que son ellas las que regulan el uso del superávit municipal

Los tres diputados generales (Markel Olano, Unai Rementeria y Ramiro González) difundieron ayer un comunicado conjunto en el que señalaron que ese Real Decreto “no afecta a las entidades locales de los tres territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca”, por cuanto la tutela financiera de los municipios, en base a la singularidad foral, corresponde a las diputaciones y que cualquier acuerdo sobre su financiación debe adoptarse en la Comisión Mixta del Concierto Económico.

Tras el análizar el Real Decreto, los diputados generales han concluido que su contenido “no afecta a la estructura y sistema municipal de Euskadi”. Y defendieron que en cada uno de los territorio de la CAV están en vigor las normas forales reguladoras de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales, que regulan la utilización de los superávits en los ayuntamientos vascos.

Por ello, creen que “cualquier decisión o acuerdo relativo a la financiación y sostenibilidad de las instituciones vascas, incluidas las entidades locales, deberá ser adoptada, bajo el principio de bilateralidad, en el seno de la Comisión Mixta de Concierto Económico”. Después, serán las Juntas Generales y las diputaciones las encargadas de su desarrollo.

El hecho es que Pedro Sánchez ha pisado un charco más profundo de lo que pensaba y todo apunta a que tendrá que rectificar. Se enfrenta a un motín de los ayuntamientos estatales, muchos de los cuales denuncian una expropiación por la intención del Gobierno español de tomar prestados los remanentes de los municipios y que se los cedan a cambio de una aportación de 2.000 millones para este año y 3.000 para el próximo, y de recuperar las cantidades en quince años.

El acuerdo de los remanentes se firmó entre el Gobierno español y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tras una votación por la mínima en la plataforma municipal, donde el presidente socialista Abel Caballero ejerció el voto de calidad para romper el empate. Los ayuntamientos que no están de acuerdo comienzan a mover los hilos para que Sánchez rectifique su decreto. El alcalde de Zaragoza y portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, ha convocado para hoy una reunión telemática de los regidores descontentos, a la que acudirán responsables del PP, C’s, ERC, PDeCAT, BNG, Coalición Canaria, Podemos, y también el PNV. El acuerdo no afecta a Euskadi porque no forma parte de las comunidades de régimen común, tiene su propio régimen foral y la tutela de los ayuntamientos corresponde a las diputaciones forales y no al Estado.

La reacción ayer de los tres diputados generales hay que enmarcarlo como una ofensiva del PNV contra el acuerdo desde el ámbito institucional. El leitmotiv de su comunicado es que “la financiación y sostenibilidad de las instituciones vascas, incluidas las entidades locales, deberá ser adoptada, bajo el principio de bilateralidad, en el seno de la Comisión Mixta de Concierto Económico”. Son las normas forales reguladoras de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales las que regulan cómo se usa el superávit de los ayuntamientos.

En definitiva, Sánchez ha logrado un milagro, unir a ayuntamientos de distintas ideologías en diferentes situaciones (algunos no quieren prestar su superávit, y otros no lo tienen y piden fondos). Caballero trató de aclarar ayer que el plazo de devolución es de diez años, y que los quince son una opción para quien lo desee.