- Juan Carlos I no está siendo investigado judicialmente y por tanto no tiene limitados sus movimientos. Esta es la tesis que maneja el Tribunal Supremo (TS) que, en una providencia hecha pública ayer, rechaza tomar medidas cautelares contra el rey emérito a pesar de su salida fuera de España. El alto tribunal no le retira el pasaporte ni le apercibe o restringe sus libertades ya que considera que no está investigado.

La Sala de vacaciones del Tribunal Supremo entiende que la marcha del monarca al extranjero no se puede considerar una huida o una obstaculización a la justicia ya que hasta la fecha no hay causa contra él. Al menos en el Estado español. Según la providencia firmada por el presidente de la Sala, Francisco Marín, el alto tribunal desestima las peticiones de Òmnium Cultural alegando que el sistema procesal español no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado, como es el caso de Juan Carlos I.

La asociación independentista catalana había registrado el martes, un día después de conocerse que el rey emérito había decidido fijar su residencia fuera de España, un escrito en el alto tribunal para que este tomase medidas, dado que la Fiscalía está investigando si Juan Carlos habría cometido delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

Así, la entidad que dirige Jordi Cuixart había solicitado al Supremo que citara a declarar a Juan Carlos I en calidad de investigado y en caso de no comparecer, dictar orden internacional de detención. También había pedido que, como se desconoce el paradero del monarca emérito, ordenara la retirada de pasaporte y dictar prohibición de salida de territorio nacional, para el caso de que aún estuviera en el Estado español.

Estas medidas reclamadas por Òmnium Cultural se unen a la querella que la entidad presentó hace un mes también en el Supremo contra Juan Carlos I por presuntos delitos de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal. En la querella, pide que se investigue la procedencia de la “fortuna” de Juan Carlos en posibles cuentas en el extranjero y que se requiera a Suiza el bloqueo de las cuentas en ese país porque hay “indicios suficientes para iniciar una investigación por corrupción” y porque la Fiscalía helvética también está indagando al respecto. Sobre esta querella aún no se ha pronunciado el magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala.

Juan Carlos ha puesto tierra de por medio en plena investigación judicial por sus negocios ocultos en paraísos fiscales extranjeros.. El rey emérito señala que ha abandonado el Estado para “salvaguardar la institución de la Corona” ante los escándalos por sus finanzas en el extranjero tras destaparse irregularidades en el cobro de comisiones de hasta 65 millones de euros por parte del rey de Arabia Saudí por el proyecto del AVE a La Meca y que finalmente fueron a parar a una cuenta suiza de Corinna Larsen, amiga íntima de Juan Carlos I. El anuncio de su salida del país se produce dos meses después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo decidiera asumir las pesquisas contra Juan Carlos de Borbón por delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal.

El origen de las pesquisas de la Fiscalía del Alto Tribunal está en la investigación por blanqueo que inició en 2018 el fiscal suizo Yves Bertossa tras la publicación de unos audios en los que Corinna Larsen le atribuía el uso de testaferros para ocultar a través de fundaciones pantalla panameñas que blanquearon una supuesta donación de 65 millones de euros desde Arabia Saudí.

A partir de ahí, la Fiscalía del Tribunal Supremo asumió la investigación contra el rey emérito. La comisión se pagó supuestamente en 2008, pero lo que los fiscales del Supremo tratan de hacer ahora es “delimitar o descartar” la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad a que el rey emérito abdicase en junio de 2014, fecha en la que el monarca perdió su inviolabilidad.