- El cerco judicial y político contra Juan Carlos I va estrechándose de forma paulatina a medida que van saliendo a la luz datos que revelan sus finanzas irregulares cuando no fraudulentas. Mientras que los partidos políticos van abandonando su apoyo antes incontestable al rey emérito, los movimientos en el ámbito judicial auguran tiempos difíciles al monarca. La Fiscalía ha reforzado el equipo de fiscales que investigan las posibles comisiones cobradas en la adjudicación del AVE a la Meca a empresas españolas.
A los cuatro fiscales del Supremo especialistas en delitos económicos bajo la dirección del fiscal de Sala Juan Ignacio Campos se suma ahora el personal de Rosa Ana Morán, que dirige la Unidad Especializada en Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía recordó ayer mediante un comunicado que las diligencias de investigación iniciadas por Anticorrución, relativas a la Fase II del denominado AVE del desierto, fueron asumidas hace unas semanas por la Fiscalía del Tribunal Supremo y encomendadas a Campos, fiscal delegado de la especialidad de delitos económicos en el alto tribunal.
Este equipo cuenta con parte de la investigación remitida por Suiza por posibles delitos relacionados con un depósito de 64,8 millones de euros ingresados en la cuenta de la fundación panameña Lucum, vinculada al rey emérito.
Se trata de documentos relativos a las declaraciones ante la Fiscalía del país helvético del gestor de cuentas Arturo Fasana, del abogado Dante Canónica y de la que fuera amiga íntima del monarca Corinna Larsen, a la que Juan Carlos I donó gran parte de dicha cantidad.
Las últimas informaciones señalan que el rey emérito sacaba 100.000 euros al mes en efectivo entre 2008 y 2012 de su cuenta suiza donde escondía el millonario donativo saudí.
