Vox entra en la JEC tras un acuerdo entre los cuatro grandes partidos

La izquierda avala que la ultraderecha designe a un magistrado para el órgano que regula los comicios

10.07.2020 | 00:49
Iván Espinosa de los Monteros y Pablo Iglesias, durante un acto institucional en el Congreso de los Diputados. Foto: Efe

Donostia – PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox sorprendieron ayer poniéndose de acuerdo para renovar cinco de los ocho asientos de magistrados que componen la Junta Electoral Central (JEC). Así, las dos formaciones que sostienen el Gobierno español y la principal fuerza de la oposición abren la puerta a los de Santiago Abascal para que designen a un juez en este órgano, dentro de los cinco puestos que corresponde elegir al Congreso de los Diputados. El relevo se producirá después de las elecciones del domingo y, por primera vez, la extrema derecha tendrá presencia en la Junta. Desde el PSOE se quiso aclarar a lo largo de la tarde que este acuerdo era inevitable, porque lo exige la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que impone que entren en el órgano las fuerzas políticas en razón de su representación, lo que obliga a que entre Vox por pura matemática. Según esta tesis, no se podía mirar hacia el PNV o ERC –socios en la investidura en la que facilitaron el primer Gobierno de coalición– para lograr la mayoría necesaria para renovar la Junta, sino que solo se podía dar entrada a la ultraderecha en este órgano que regula todos los procesos electorales y que ha adquirido protagonismo en los últimos meses con decisiones polémicas, como las relativas a los lazos amarillos de Quim Torra o a la elegibilidad de Carles Puigdemont como eurodiputado.

La JEC, que está formada por ocho magistrados del Tribunal Supremo elegidos por sorteo y cinco catedráticos nombrados por la Cámara Baja, debe renovarse después de cada proceso de elecciones generales. Desde la constitución de las Cortes, hay un plazo de noventa días para que los partidos lleguen a un acuerdo sobre los cinco juristas, algo que no se ha logrado en esta ocasión. A partir de esa fecha, la Mesa del Congreso debe acometer la renovación de acuerdo con la representación en la Cámara y con los nombres que les proporcionen los grupos parlamentarios. Así, el PSOE ha seleccionado dos vocales, mientras que el PP, Vox y Unidas Podemos han propuesto uno cada uno.

Los socialistas han decidido mantener a los mismos dos vocales de la Junta que nombró hace un año tras las primeras elecciones de abril de 2019, y lo mismo han hecho los populares con su único representante. De esta forma, repiten Juan Montables y Consuelo Ramón Chornet (PSOE), y Carlos Vidal (PP). Por su parte, Podemos ha cambiado a su vocal para elegir a Esther del Campo, decana de la facultad de la Universidad Complutense donde ejercieron varios de los líderes morados, y Vox ha elegido al magistrado José Miguel Serrano.

Por el contrario, quien en esta ocasión se va a quedar fuera del organismo regulador electoral será Ciudadanos. Tras haber visto reducida su representación en el Congreso a diez diputados y tras la polémica que protagonizó hace unos meses, cuando se supo que tenía en nómina al catedrático que había propuesto para la JEC, el acuerdo entre PSOE, PP, UP y Vox deja fuera de la Junta a los naranjas.

caras nuevas La nueva magistrada de Unidas Podemos, Esther del Campo, es catedrática de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la misma universidad. Muy cercana a Pablo Iglesias, como decana de la facultad de Políticas fue la encargada de presentar al líder morado en una charla que ofreció el pasado 4 de marzo en el campus. Según dijo, el líder de Podemos es "profesor honorífico" de la facultad y tenerlo de vuelta es como "recuperar un hijo pródigo".

En cuanto a Vox, su candidato para la Junta Electoral es José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y director académico de los Estudios Jurídicos del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). Previamente, estuvo vinculado al PP y fue asesor en el Ejecutivo español de Margarita Mariscal de Gante cuando fue ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar.